Ocho años de trabas judiciales, recursos dilatorios y apelaciones interminables desembocaron en un desalojo violento durante la mañana de este 25 de agosto. El inmueble en disputa es una casona patrimonial que había sido alquilada por para uso de hospedaje, pero que luego funcionó de manera clandestina como discoteca LGTB bajo el nombre de Imperio Freetown.
El arrendatario César Augusto Loayza Vera, según la parte propietaria, dejó de pagar después de dos meses y se convirtió en ocupante precario. Carelia Encalada Linares, abogada del demandante Victor Choque Pilco — apoderado de la empresa La Cabana Inn EIRL — recordó que el proceso judicial fue largo y desgastante. “Este caso refleja cómo la justicia puede tardar demasiado. Ocho años para recuperar una propiedad es demasiado”, señaló.
La Corte Superior de Justicia de Arequipa confirmó a Revelación.pe que la parte demandada empleó estrategias dilatorias que fueron la principal causa de la demora. Recién hace dos meses, el expediente retornó desde la Suprema y se programó la diligencia de lanzamiento que finalmente se ejecutó.
“El inquilino se opuso sistemáticamente a todas las diligencias, bloqueó inspecciones judiciales, presentó escritos dilatorios y hasta interpuso una casación ante la Corte Suprema. Todo esto prolongó innecesariamente el proceso”, indicaron a este medio a través del área de Imagen Institucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
Escenario de violencia
Antes de la diligencia de desalojo, la casona que fue motivo de disputa legal se convirtió en zona de resistencia. Y es que al menos 15 personas, en su mayoría extranjeras, bloquearon la fachada con piedras, prendieron fuego a llantas y utilizaron balones de gas para impedir el ingreso de las autoridades.
La violencia escaló rápidamente. Los atrincherados lanzaron botellas con combustible y bombas molotov. Incluso, se usaron a menores de edad dentro del inmueble como una forma de presión para frenar el operativo.
Frente a esta situación, la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó a la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y utilizó el rochabus para controlar las llamas y dispersar a los ocupantes. Tras casi dos horas de enfrentamiento, se logró ingresar a la casona y detener a nueve personas, entre ellas cinco varones y cuatro mujeres.
Mientras tanto, la Fiscalía de Prevención del Delito evitó intervenir alegando que se trataba de un tema estrictamente judicial. Una decisión que fue criticada por los representantes de los propietarios.
Municipio alista denuncias
Tras el operativo, la Municipalidad Provincial de Arequipa desplegó personal de Obras Públicas, Limpieza Pública y Transporte para retirar escombros, limpiar los restos de la quema y restablecer el tránsito en las calles Jerusalén, San José y Rivero. También participaron inspectores de Desarrollo Económico, quienes verificaron que el local funcionaba sin autorización y había sido clausurado en reiteradas oportunidades.
La comuna provincial anunció que presentará denuncias contra los responsables por daños a la propiedad privada, destrucción de un bien considerado Patrimonio Cultural de la Nación, obstrucción de la vía pública y afectación ambiental por la quema de árboles en la zona.
