El Consejo Regional de Arequipa (CRA) decidió mantener en sus cargos a dos funcionarios del gobernador Rohel Sánchez, pese a los serios cuestionamientos en su contra. Se trata del jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), Luis Alberto Calcina Bedoya, y del gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres, José Luis Barrezueta Reyes. Ambos afrontaron procesos de interpelación en la última sesión extraordinaria del pleno.
El primero en comparecer fue Calcina Bedoya, quien respondió a un pliego de 18 preguntas relacionadas con el cierre de 18 proyectos de inversión registrado en mayo. Mientras que Barrezueta Reyes absolvió 7 interrogantes vinculadas a la declaratoria de emergencia por la contaminación hídrica del río Tambo, en la provincia de Islay.
Blindados por mayoría
Según el reglamento interno del CRA, para retirarle la confianza a un funcionario se requieren al menos ocho votos. En el primer caso, la votación quedó empatada en seis, lo que significó que mantuviera el cargo. A favor de retirarle la confianza votaron los consejeros Fernando Cornejo Pacheco, César Huamantuma Alarcón, Nila Roncalla Camargo, Natividad Taco Cueva, Norma Ortega Valdivia y Osías Ortiz Ibáñez.
En contra se pronunciaron Juan Carlos Huanca Molero, Marleny Arminta Valencia, Roxana Llamocca Huayhua, Antonio Llerena Salas, Elfer Ale Cruz y Yessenia Choquehuanca Cruz. Cabe destacar que el promotor de la interpelación, Aarón Maldonado López, no asistió a la sesión alegando problemas de salud, lo que debilitó la posibilidad de alcanzar los votos necesarios para la censura.
En el caso del gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, la confianza fue ratificada con nueve votos a favor y solo dos en contra, los de Juan Carlos Huanca Molero y César Huamantuma. El primero de ellos, precisamente, fue el impulsor de su interpelación por el manejo de la emergencia en el río Tambo.
Justifica cierre de inversiones
Durante el debate, el funcionario a cargo de la OPMI defendió el cierre de 18 proyectos de inversión. Alegque su oficina solo emitió opiniones técnicas no vinculantes, y que la decisión final recayó en las áreas competentes. Argumentó que las desactivaciones respondieron a criterios del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI). Entre ellos los índices de riesgo de corrupción e inconducta funcional (INCO), además de la falta de ejecución en más de tres años.
El análisis de los proyectos cerrados indica que, si bien existían razones técnicas y legales para la desactivación —como la falta de actualización de expedientes y la ausencia en el Plan Multianual de Inversiones 2025—, varios de ellos contaban con declaratoria de necesidad regional. Entre los casos más cuestionados figuran proyectos educativos, de salud e infraestructura hidráulica en provincias como La Unión, Camaná, Caravelí y Caylloma.
El consejero César Huamantuma calificó esta postura como negligente. “Son una veintena de proyectos que se han cerrado (…) no se dieron cuenta que había proyectos que tenían declaratorias de interés regional, con informes de presupuesto, y que no habían sido considerados para cerrarlos. Eso perjudica a localidades enteras”, señaló.
Huamantuma recordó el caso del Instituto Superior de la provincia de La Unión, cuyos estudiantes continúan recibiendo clases en aulas prefabricadas. “Lo único que se pedía era presupuesto para el expediente técnico, ni siquiera para la culminación. Y lamentablemente se cerró sin verificar. Desde mi punto de vista, el sustento no ha sido satisfactorio, porque la OPMI debió consultar con las demás oficinas y revisar los acuerdos regionales”, cuestionó.
El consejero también reprochó que el funcionario haya evitado asistir a citaciones previas. “Este funcionario se le citó tres veces y no vino. Las justificaciones llegaron semanas después. Eso dice mucho de su trabajo y genera preocupación en todas las provincias”, añadió.
Por su parte, Osías Ortiz, presidente del CRA, reconoció que el cierre de proyectos genera preocupación, pero matizó las responsabilidades. “Si hay desactivación de proyectos, estos pueden ser nuevamente sustentados para la inversión, pero han sido dejados más de un año. El acuerdo de Consejo que declara en prioridad los proyectos no es vinculante al tema operacional técnico que existe en estas oficinas”, explicó.
COER deslinda responsabilidad
En el caso del COER, Barrezueta trasladó la responsabilidad por la contaminación del río Tambo al Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Adujo que esa cartera tiene competencia para mitigar los daños. Aseguró que el Gobierno Regional brindó atención inmediata a la población durante la emergencia, a fin de evitar el consumo de agua contaminada con metales pesados.
La respuesta no convenció al consejero Huamantuma, quien reprochó la falta de soluciones concretas. “Se anunció que iban a instalarse plantas de ósmosis inversa para tratar el agua, pero no se consiguió nada. Solo llevaron agua por unos días y la emergencia terminó sin resultados. El río sigue contaminado y la gente no tiene solución alguna”, advirtió.
En conclusión, el pleno del Consejo Regional optó por blindar a los funcionarios cuestionados, limitándose a emitir recomendaciones de mejora. Aunque se justificó el proceso de cierre de proyectos con criterios técnicos, algunos consejeros sostienen que hubo negligencia y falta de coordinación institucional.
