El próximo año existe el riesgo de que los estudiantes de la Institución Educativa Juan de la Cruz Calienes, más conocido como Colegio Calienes, no puedan realizar las labores escolares en las sedes ubicadas en la Alameda San Lázaro (Cercado) y en la zona de Challapampa (Cerro Colorado). Esto porque existe un proceso de desalojo iniciado por un miembro de la familia, quién reclama el pago de alquiler del terreno donde funciona la institución. El mismo que ahora se encuentra en etapa de inspección judicial para finalmente emitirse una sentencia. De acuerdo con fuentes, hay alrededor de 700 estudiantes que se quedarían sin un local para realizar sus labores escolares.
Breve resumen
Vale señalar que la institución educativa se rige bajo una asociación sin fines de lucro denominada Asociación Juan de la Cruz Calienes. Esta es la persona jurídica que alquila los inmuebles que eran de propiedad de Juan Helard Napoleón Peraltilla Apaza, el patriarca fundador. El primer terreno es donde actualmente funciona el nivel inicial, ubicado en San Lázaro. Ese lo compró junto a su primer compromiso. Mientras que el segundo terreno, donde funciona el nivel primario y secundario, Helard Peraltilla lo adquirió tras la muerte de su primera esposa. Es decir, cuando ya era soltero.
Mientras el padre vivía no hubo problemas. La historia de este lío familiar empezó en 2021, cuando Peraltilla Apaza muere. Este tenía 5 hijos: 3 de su primer compromiso y 2 del siguiente. Al no haber dejado testamento, los hermanos mayores tomaron control de la Asociación Juan de la Cruz Calienes y por tanto también de los dos inmuebles donde funciona el colegio.
Desde ese momento, dejaron de pagar el alquiler que le correspondía a una de sus hermanas, Victoria Peraltilla Núñez. Pero no solo eso, se han negado a realizar la repartición equitativa de todas las propiedades con que contaba el patriarca Herlad Peraltilla. Por ese motivo es que Victoria Peraltilla ha iniciado una serie de demandas contra sus hermanastros.
Desalojo a la vista
Aunque todos están relacionados, el que más interesa a la comunidad educativa del Colegio Calienes es la demanda de desalojo que interpuso en 2023.
Para esto hay que explicar que al ser cinco hermanos, la división de los predios, según Victoria Peraltilla debería ser de la siguiente manera: El terreno de San Lázaro con 25 % para cada uno de los tres primeros hijos de Herlad Peraltilla y solo 12.5 % para cada uno de los dos hijos menores. Esto porque el terreno fue comprado junto a la primera esposa del patriarca. Mientras que el segundo predio —el más grande— ubicado en Cerro Colorado, en partes iguales de 20 % para los cinco hermanos.
Sin embargo, lo que alegan los hermanos mayores, es que la repartición del terreno de Cerro Colorado —comprado cuando Herlard Peraltilla ya era viudo; o sea soltero— se reparta a razón de 25 % para los tres mayores y solo 12.5 % para cada hermano menor; los dos del segundo compromiso de Herlad Peraltilla.
Al no haber acuerdo, la Asociación Juan de la Cruz Calienes, controlada por los 3 hermanos mayores ha congelado el pago de alquileres a Victoria Peraltilla Núñez. El monto que se le adeuda solo a ella entre octubre del 2021 y mayo del 2023 es de S/ 315 150. Además, Victoria Peraltilla interpuso otra demanda para cobrar la deuda de S/ 918 263 a nombre de los cinco hermanos y en contra de la Asociación Juan de la Cruz Calienes.
Al respecto, el abogado de Victoria Peraltilla, José Luis Parada Gonzales, explicó a Revelación.pe que la ley permite que un hermano pueda cobrar una deuda a nombre de todos los afectados. Por ese motivo es que ambos procesos de cobro de alquileres ya están por ser resueltos. Aunque aquí hay un problema, un juez ha ordenado que ambos pedidos de cobro de alquileres se junten en un solo caso, lo cual ya fue apelado por Victoria Peraltilla. “Pueden y deben ir por ramas separadas porque son pedidos distintos”, añade el abogado Parada Gonzales.
Trabas y movidas legales
Y junto a esos, el proceso de desalojo también está a punto de obtener sentencia. “Aunque hubo muchas trabas y dilataciones puestas por los hermanos Peraltilla para que el proceso no avance ya estamos prontos a obtener sentencia”, dijo José Luis Parada. El abogado explicó que el caso demoró debido a que uno de los hermanos vive en el extranjero y pedía ser notificado a su país de residencia. Para ello se tuvo que esperar varios meses en trámites con la cancillería.
Otra traba que se pudo notar en el proceso es que Norma Peraltilla, también directora del Colegio Calienes, donó a favor de la Asociación Juan de la Cruz Calienes, el 0.02 % (2.25 m2) de sus derechos del inmueble ubicado en Cerro Colorado y el 0.05 % ( 0.54 m2) del terreno de San Lázaro. Todo un día antes de contestar la demanda y con el fin de que la asociación tenga que ser incluida como parte afectada. “E incluso como una artimaña jurídica para hacer ver que la Asociación Juan de la Cruz Calienes no puede ser desalojada porque es dueña de parte del predio. Lo cual esperamos que sea debidamente valorado por el juez”, añadió el abogado Parada.
Para más bemol, José Luis Parada advierte un criterio que considera errado por parte del juez a cargo del caso, Javier Alonso Talavera Ugarte, quién ordenó una inspección judicial en los locales del colegio. “Esta se podría hacer en cualquier momento, incluso de madrugada o de noche, pero el juez no lo quiere así. Señala que el Poder Judicial no le paga horas extras y ha pedido al colegio que diga las fechas de vacaciones intermedias. El pretexto es que los niños no se vean afectados de ver una diligencia judicial”, manifestó Parada Gonzales. El problema es que el juez ha pedido que la fecha sea luego del 29 de octubre. Y de acuerdo con lo reportado por el colegio, las vacaciones intermedias serán una semana antes. Por lo cual, la inspección judicial tendría que hacerse en las vacaciones de verano.
“¿Y qué pasa si el juez no lo programa para enero? El Poder Judicial entra a vacaciones en febrero. Por tanto, en marzo ya no se podría hacer la inspección judicial, porque los niños vuelven al colegio. Por tanto, se seguiría dilatando la diligencia. Es inaudito. Un proceso de desalojo no debería tardar tantos años. Estamos desde el 2023 con la demanda. Se marca un mal precedente para otros procesos en lo que los dueños de un predio buscan desalojar a inquilinos que no pagan sus alquileres”, añadió el letrado a Revelación.pe
Ahora, en caso de realizarse la diligencia judicial, el siguiente paso es la sentencia. Esta, confía el abogado Parada Gonzales, debería salir a favor del desalojo. El mismo que debería ejecutarse de inmediato. “En el mejor de los casos podría hacerse el próximo año. No es algo que nos guste. Hablamos del riesgo de que cientos de estudiantes se queden sin un local dónde hacer labores. Pero debemos advertir que todo se debe a la negativa de los hermanos, que controlan la asociación del colegio, de pagar lo que le corresponde a Victoria Peraltilla. Si pagaran todo terminaría y no se arriesgaría a los estudiantes”, resalta el abogado.
En silencio
Para este informe tratamos de comunicarnos con Norma Peraltilla, directora del colegio y hermanastra de Victoria Peraltilla, pero no respondió ni llamadas ni los mensajes por Whatsapp.
