La Policía Nacional del Perú atraviesa uno de sus momentos más críticos: solo en los primeros ocho meses de 2025, casi mil efectivos fueron detenidos por supuesta participación en delitos. Los mismos que incluyen violencia contra la mujer, corrupción, extorsión y hasta secuestros. La Inspectoría General de la PNP intenta contener la crisis y devolver confianza a la ciudadanía, pero las cifras reflejan un problema estructural que golpea directamente la legitimidad de la institución.
Los registros oficiales muestran que 993 policías fueron detenidos entre enero y agosto. Mientras que 1,382 denuncias fueron formalizadas en el mismo periodo contra miembros de la institución. La Inspectoría reveló que la mayoría de los casos se concentran en violencia contra la mujer (222), corrupción vinculada a la administración pública (191) y delitos contra la vida y el cuerpo (181). A esto se suman infracciones relacionadas con la seguridad pública, el patrimonio y la libertad individual.
La magnitud del problema también se refleja en sanciones administrativas: 956 policías fueron retirados en primera instancia y 532 expulsados de manera definitiva. Casos recientes incluyen la detención de dos efectivos involucrados en el secuestro de un empresario colombiano. Además de la captura de ocho policías y un coronel en retiro acusados de integrar una red que cobraba coimas a detenidos. Incluso se investigan nexos con el narcotráfico y el encubrimiento de operaciones ilícitas.
El fenómeno no es nuevo, aunque sus dimensiones actuales resultan alarmantes. En 2023, se registraron más de 500 investigaciones por corrupción y más de mil expulsiones por faltas graves, sin que se publicaran cifras consolidadas. En 2024, solo el primer semestre cerró con 170 policías arrestados, principalmente por cohecho. Ahora, en 2025, la situación escala a niveles inéditos y plantea la urgencia de reformas profundas dentro de la PNP.
Expertos coinciden en que la confianza ciudadana en la Policía se encuentra en mínimos históricos, apenas un 27%. Proponen filtros más estrictos en las escuelas policiales, fortalecer la Inspectoría y abrir espacios de control civil externo. Mientras tanto, iniciativas como la creación de la Brigada Especial contra el Crimen (BRECC) en San Juan de Lurigancho buscan responder a delitos de alto impacto. Sin embargo, sin cambios estructurales y mayor transparencia, el desafío de limpiar la institución seguirá abierto.
