Un reportaje de Panorama destapó un caso que ha generado alarma en el sector público: dos mujeres sin trayectoria empresarial, una vendedora de desayunos y una exbarrendera municipal, aparecen como accionistas principales de una empresa que ha manejado más de 2.500 millones de soles en contratos con el Estado. La investigación cuestiona la transparencia en licitaciones estatales y plantea posibles irregularidades en el uso de testaferros.
Tras la reconfiguración societaria en 2022, Consultoría y Construcción Grupo Pérgola SAC adjudicó contratos de gran magnitud con organismos como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Salud (MINSA) y gobiernos regionales en La Libertad, Huánuco y Ayacucho. Incluso sus alianzas con la SUNAT e Ibermed reforzaron su acceso a contratos públicos, con adjudicaciones individuales que oscilaron entre 124 y 489 millones de soles.
Beatriz Benique Quispe, que figura como titular del 50 % de las acciones, asegura no conocer las operaciones empresariales y sostiene que nunca autorizó la utilización de su DNI para constituir sociedades. Su actividad diaria consiste en atender un pequeño puesto de desayunos, percibiendo ingresos modestos que contrastan con la magnitud financiera de la empresa. Esta discrepancia ha levantado sospechas sobre la autenticidad de su rol en la dirección de la compañía.
Por su parte, Celeste Flores Carrillo pasó de labores de limpieza a asumir la gerencia y representación legal de la empresa. Sin estudios universitarios documentados ni experiencia en construcción, Flores Carrillo aparece como responsable de coordinar contratos millonarios, lo que genera serias dudas sobre la supervisión y control de los procesos de licitación y adjudicación de recursos públicos.
La investigación periodística evidencia un patrón que preocupa a analistas de transparencia y ética pública: personas con perfiles ajenos al sector terminan registradas como accionistas de empresas con fuertes vínculos estatales. La falta de información directa sobre la participación real de estas mujeres refuerza los cuestionamientos sobre posibles irregularidades y la necesidad de revisar los mecanismos de control de las contrataciones estatales.
