Por Henrry Torres Delgadillo – Especialista en Gestión de Riesgos
En el Perú, el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) ha permitido acelerar que el sector privado asuma la ejecución de infraestructura pública sin esperar los engorrosos trámites estatales. En 2024, se rompieron todos los récords: se adjudicaron más de S/ 4 000 millones en 124 proyectos, un monto similar al acumulado en los últimos siete años. Además, la ejecución financiera alcanzó S/ 981 millones, el más alto desde que se creó el mecanismo en 2008. Esto demuestra que, en pocos años, OxI pasó de ser una alternativa marginal a una herramienta clave en la inversión pública.
Sin embargo, este impulso también trae sombras. El diferimiento de recursos fiscales implica que el Estado deja de percibir esos ingresos inmediatos, lo que —en escenarios de menor recaudación futura— podría limitar el margen de maniobra presupuestal. De hecho, en muchos distritos de Lima los gobiernos locales se encuentran en situación de insolvencia, sin capacidad para cubrir sus deudas operativas.
Por otro lado, la estructura de adjudicación directa y la ausencia de competencia abierta pueden favorecer el surgimiento de conflictos de interés o decisiones sesgadas: se priorizan obras atractivas para empresas, más que las urgentes para comunidades olvidadas.
Un ejemplo paradigmático fue el Alcantarillado de Iquitos, que costó cerca de S/. 500 millones. La obra generó caos vehicular, contaminación por polvo y descontento social. El antropólogo Alberto Chirif advirtió: «A estas alturas ya no caben debates del alcantarillado, hay que exigir a las autoridades que la empresa respete a los ciudadanos». Esa frustración refleja que una obra rápida no siempre equivale a una obra bien hecha o legítima.
Además, aunque ProInversión defiende el mecanismo como “la forma más efectiva, transparente y rápida” para cerrar brechas de infraestructura, también queda claro que no todos los proyectos tienen supervisión robusta. Se corre el riesgo de que la rapidez se convierta en sinónimo de falta de control técnico o de participación ciudadana.
En definitiva, el modelo OxI ha demostrado su potencial para responder con velocidad a las necesidades urgentes. Pero también nos plantea una pregunta: ¿estamos dispuestos a sacrificar gobernabilidad, equidad e integridad por la eficiencia? El reto ahora consiste en lograr un mecanismo que no solo construya obras, sino que también construya confianza y sostenibilidad.
