¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos sobre la vida, sobre la sociedad? Me incluyo como padre.
En la última semana la denuncia publicada en Pluma de Ganzo y Radio Melodía sobre el presunto negociado de vacantes para la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), no solo pone en evidencia una red de corrupción al interior de la casa de estudios, sino también lo bajo que ha caído la sociedad actual con el fin de conseguir «éxito» en la vida.
Primero el análisis nuestro. Este tipo de casos no se escuchaban antes de las «reformas» que impuso el actual gobernador y exrector agustino Rohel Sánchez. Empezando por prohibir que los postulantes se lleven el examen de admisión. Y después ocultando los resultados de todos los postulantes. En el primer caso, alegando derechos de autor; lo cual es risible, porque ese examen se filtra en minutos en las academias, sabe Dios cómo. Y sobre lo último, se alegó que se vulneraban los datos personales de los postulantes. Un mero pretexto, porque si es así entonces no se debería publicar los resultados de ningún concurso público en el Perú; por ejemplo el de nombramiento docente.
En el caso de los resultados de la Unsa, lo único que cualquier ciudadano quería era transparencia y saber cuánto puntaje sacó un postulante; el hijo, el hermano, el primo, el amigo. No para dañarlo, sino para ayudarlo. Y en cuanto a llevarse la prueba, esto permitía al postulante conocer primero sus falencias, «en qué me equivoqué», «en qué me pongo a estudiar más». Y de paso sumar sus respuestas buenas y ver si coincidía con el puntaje publicado por la UNSA. En caso de error se podía reclamar.
Ahora no. Como nadie puede llevarse el examen y por mero nerviosismo o por ser casi imposible, uno no puede recordar todas las respuestas que puso. Y por tanto no se puede estar seguro del puntaje final.
Este vacío, esta falta de transparencia y hasta podríamos llamar «trampa», ha dado pie a que delincuentes al interior de la UNSA lo aprovechen. Tienen la base de datos de los postulantes, conocen el teléfono del postulante, de sus padres y hasta los puntajes que sacaron en exámenes pasados. Y con esa información llaman para ofrecer una vacante. El monto: 65 mil soles. El que quiere lo paga, el que no no. «Es opcional», dicen. Pero la realidad es que es un delito grave. Y además un insulto a los jóvenes que postulan y que seguro pierden una vacante porque son desplazados por esos que terminan pagando.
Y aquí viene lo que comentaba al comienzo. ¿Qué padre sano mentalmente, con valores y con respeto a su propio hijo paga para que obtenga una vacante de esa manera? Bueno, ya vemos al nivel tan bajo al que estamos llegando como sociedad. Esos padres que seguramente han pagado son lacras. No hay otra forma de definirlos. Si quieren pagar, que se vayan a alguna universidad privada y paguen sus pensiones como se debe, pero en la UNSA, eso no se podría ni haber pensado en años anteriores.
Y de eso último no parecen darse cuenta las autoridades universitarias. Empezando por el rector Hugo Rojas. Quienes, en lugar de iniciar investigaciones internas, y dar con estos malos elementos, pierden el tiempo amenazando a los medios de comunicación con demandas por «dañar la imagen institucional». Una imagen que hace tiempo ya está en decadencia. Veremos qué juez les hace caso. Mejor pónganse a pensar qué sociedad están formando en nuestra alma mater la UNSA.