El nombre de Derly Jesús Núñez Ticona ha quedado bajo el foco público tras ser vinculado con el fatal atropello de María Corrales Valdivia. Una madre de 29 años que murió al ser embestida por una camioneta mientras cruzaba la avenida Ejército, en Cayma. La tragedia, ocurrida a plena luz del día, ha despertado indignación no solo por la pérdida humana, sino también por el perfil del presunto implicado. Se trata de un asesor externo que ha trabajado con varios municipios de Arequipa y ha facturado cientos de miles de soles al Estado. La joven víctima deja en la orfandad a un niño de solo 8 años.
Las pericias policiales identificaron como vehículo involucrado una camioneta Honda de placa VAO-551, registrada oficialmente a nombre de Derly Jesús Núñez Ticona. Aunque no ha sido confirmado si él iba al volante, las investigaciones apuntan hacia su responsabilidad en el caso. La familia de la víctima exige justicia y celeridad en las diligencias, mientras crecen las interrogantes sobre las conexiones del implicado con entidades públicas.
Núñez Ticona no es un desconocido para las municipalidades de Arequipa. Durante 2023 y 2024, prestó servicios como asesor externo a la Municipalidad Distrital de Uchumayo. Esto bajo contratos por conceptos como “gestión administrativa” y “mejoramiento de servicios”. Solo en ese periodo, emitió órdenes de servicio por más de S/ 115,000, consolidando una presencia constante como proveedor del Estado.
Además, en 2023 también trabajó para la Municipalidad de Cerro Colorado por S/ 21 mil, y previamente, entre 2019 y 2021, acumuló ingresos que superaron los S/ 130 mil como asesor del despacho de alcaldía en la Municipalidad Distrital de Cayma, entonces liderada por Jaime Chávez. Su nombre figura reiteradamente en documentos oficiales y registros del portal de proveedores del Estado.
Ante la magnitud del hecho, la Policía Nacional y el Ministerio Público han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del atropello y determinar las responsabilidades penales. En paralelo, el caso ha reabierto el debate sobre la transparencia en la contratación de asesores externos y la relación entre poder e impunidad cuando se ven involucradas figuras con vínculos en la administración pública.
