El Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Arequipa emitió el Informe de Orientación de Oficio N° 021-2025-OCI/5334-SOO, en el que alerta sobre graves deficiencias técnicas y administrativas detectadas durante la ejecución de la obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los Sectores de Inclán, Las Tres Cruces, Miramar y Alto Las Cruces”, ubicada en el distrito de Mollendo, provincia de Islay.
El informe, elaborado tras una revisión realizada del 13 al 20 de junio de 2025, señala una serie de irregularidades que comprometen la transparencia y eficiencia de este proyecto. Se alerta una incongruencia entre el avance físico y financiero del proyecto. Es decir, se invirtió más dinero del que se justifica con los trabajos ejecutados.
Desbalance físico y financiero

Según el documento, la obra muestra una inconsistencia alarmante entre el avance físico y el avance financiero. Por ejemplo, en enero de 2025 el avance físico real apenas alcanzaba el 48.27 %, mientras que la ejecución financiera ya superaba el 61.93 %.
A lo largo del proceso constructivo, se identificaron múltiples ampliaciones de plazo, incorporación de partidas nuevas, e incluso la paralización de los trabajos desde el 18 de febrero de 2025. Estas condiciones fueron reportadas en el sistema Infobras. Allí también se registra el constante cambio de responsables, habiendo identificado hasta ocho residentes de obra.
Pese a estas señales de alerta, la subgerencia de Ejecución y Liquidación de Proyectos no emitió informes técnicos que sustenten el seguimiento y control de la obra. De esa forma incumpliendo la Directiva N.° 012-2010-GRA/OPDI y otras disposiciones vigentes en la normativa regional. Tampoco se adjuntaron documentos claves como descripción técnica del proyecto, presupuestos desglosados, balances detallados de insumos y avances por partidas. Ni evidencia del cumplimiento de metas establecidas.

Esta omisión impide una evaluación objetiva sobre la ejecución del proyecto. La Contraloría también hizo hincapié en que no se cumplió con las entregas de cargo entre los diferentes residentes e inspectores, como lo exige la Directiva N.° 021-2016-GRA/OPDI. Esta falta de documentación compromete la trazabilidad del proyecto y obstaculiza la rendición de cuentas.
Cabe recordar que ya en julio de 2024, mediante un hito de control, se advirtió que la obra inició sin contar con la asignación presupuestal necesaria. Esta situación derivó en la demora en la adquisición de materiales. Además afectó gravemente la ruta crítica del proyecto, ocasionando un retraso acumulado del 40 %.
Justifican sobrecostos
A pesar de estas advertencias, el gobierno regional justificó una ampliación presupuestaria que elevó el monto inicial a más de 36 millones de soles. No obstante, no se abordó el análisis de un posible desbalance financiero que explicara las desviaciones detectadas. La Contraloría advierte que esta omisión de evaluación técnica y financiera podría limitar gravemente la toma de decisiones oportunas, poniendo en riesgo la culminación de la obra y afectando directamente a la población beneficiaria.