El ciudadano Roger Arocutipa J. Dennis presentó una denuncia formal ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). En esta advierte serias irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) en la ejecución del proyecto de riego presurizado para los sectores PB6 y PB8 de Pampa Baja, distrito de Majes (Caylloma).
Según la denuncia fechada el 5 de julio de 2025, la Municipalidad Distrital de Majes adjudicó y firmó un contrato sin contar con la debida certificación presupuestal. Esto, de acuerdo con la normativa vigente, implicaría que el contrato es nulo de pleno derecho. Así lo estipula el artículo 34 del Decreto Legislativo 1440, que rige el sistema nacional de presupuesto público.
No tenía presupuesto
El proyecto recibió una transferencia inicial de S/ 4’324,404.00 por parte del Gobierno Nacional mediante la Ley N° 32103. Sin embargo, la obra se adjudicó por un monto mucho mayor: S/ 45’444,141.14. La empresa beneficiada fue COSMOS Constructores y Servicios S.R.LTD, iniciando la ejecución física el 7 de marzo de 2025.
En su carta, Arocutipa señala que el informe de control concurrente N° 013-2025-OCI/4896-SCC ya alertaba sobre la inexistencia de respaldo presupuestal en el momento de la firma del contrato. Esto generó un perjuicio económico al Estado superior a los S/ 15 millones en valorizaciones impagas. Además se estima que los intereses por estos montos superan los S/ 100 mil a la fecha.
Otra irregularidad resaltada es la aparente manipulación de fechas. Aunque el contrato figura como suscrito el 9 de enero de 2025, el terreno fue entregado el 24 de enero y la obra comenzó recién el 7 de marzo. Esto, según el denunciante, sugiere un intento de alargar los plazos sin justificación técnica o presupuestal válida.
Videos publicados por la propia municipalidad mostrarían un avance físico cercano al 30%, cuando solo se giró el monto inicial de S/ 4.3 millones. Esto indica que se siguió ejecutando la obra a pesar de la carencia de recursos. Lo que agrava la situación legal del contrato y de los funcionarios involucrados.
¿Alcalde sabia?
La denuncia acusa directamente al alcalde Jenry Huisa Calapuja de haber ocultado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Ministerio de Agricultura que la adjudicación del proyecto fue irregular. También señala como implicados a la abogada Keely Núñez Escalante y al gerente municipal Juan Carlos Nina Arpasi. Estos gestionaron los trámites adicionales sin informar sobre el estatus jurídico real del contrato.
Se señala, además, que el contrato se firmó en enero de 2025, cuando ya no existían recursos en las arcas municipales debido al retorno de los fondos no ejecutados al Estado al cierre del ejercicio fiscal 2024. Los fondos fueron devueltos y recién reincorporados mediante resolución de alcaldía en marzo de 2025, fecha posterior a la firma del contrato.
El denunciante solicita expresamente al OSCE que se investigue si se incurrió en el delito de negociación incompatible y encubrimiento real, tipificados en el Código Penal. Asimismo, pide que se identifique a todos los funcionarios que hayan tenido acceso a esta denuncia. Advirtiendo que teme por su integridad física debido a la sensibilidad del caso.
