El crecimiento de la minería ilegal en Perú —que supera los 4 600 millones de dólares anuales— plantea un riesgo crítico de cara a las elecciones generales y subnacionales de 2026. Según el Colectivo PAS, estas mafias podrían financiar miles de campañas políticas, infiltrar partidos, controlar agendas y asegurar impunidad desde el Congreso y gobiernos regionales.
En un escenario donde el Estado parece debilitado, la minería ilegal se alza como la economía ilícita más poderosa del país. Superando incluso al narcotráfico y al contrabando. Un estudio del Colectivo PAS alerta que este sector podría financiar más de 111 mil campañas electorales en 2026, incluyendo presidenciales, congresales, regionales y municipales. El peligro va más allá del dinero: se trata de capturar el aparato del poder público.
Los mineros ilegales no solo tienen recursos, sino una estrategia. Infiltran partidos desde la afiliación, influencian la elección de candidatos, manipulan el debate público y, finalmente, colocan operadores funcionales en cargos clave. Según el abogado ambientalista César Ipenza, ya cuentan con una bancada multipartidaria en el Congreso. La misma que respalda normas favorables para su actividad, con apoyo de agrupaciones como Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, entre otras.
El caso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) es un claro ejemplo de cómo operan estas mafias: logran modificar leyes, alargar plazos, debilitar controles y evitar sanciones. El patrón se repite: cooptan partidos, “producen” candidatos y garantizan protección legal. Así, utilizan fundaciones, empresas fachada, encuestadoras y publicidad pagada para legitimar su influencia.
Mientras tanto, el Estado permanece inerte. No se refuerza la inteligencia financiera, no se audita el origen de los aportes de campaña y los partidos siguen sin exigir estándares éticos verificables a sus candidatos. Si esta dinámica no se frena, el país podría enfrentar en 2026 unas elecciones donde muchos ganadores ya no respondan al interés público, sino al dinero sucio que fluye desde las entrañas de la minería ilegal.
