La Coordinadora Político Social del Valle de Tambo acusó a la empresa minera Southern Perú Copper Corporation, ejecutora del proyecto Tía María, de falsedad documentaria y ocultamiento doloso. Según la organización, la compañía habría manipulado información para obtener el permiso de uso de aguas residuales para fines productivos mineros (PUARUPM). Por estos hechos, se alista una denuncia penal contra la empresa.
Southern Perú habría presentado actas modificadas de entrega-recepción de predios estatales, omitiendo las versiones originales que establecen que su posesión sobre diez predios rurales —que abarcan un total de 2,044 hectáreas en Pampa Cachendo— es estrictamente provisional, limitada únicamente a custodia y administración.
De acuerdo con la cláusula séptima de dichas actas, la empresa no posee ningún derecho para desarrollar actividades productivas o mineras en esos terrenos. Además, no habría presentado las partidas registrales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) que demuestran que ninguno de los predios cuenta con servidumbre registrada a su favor, a pesar de haber declarado lo contrario ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Cabe precisar que la servidumbre de terrenos permite al titular realizar ciertas actividades sobre predios ajenos. En este caso, otorgaría a Southern Perú la facultad de ejecutar actividades mineras, obras de construcción y uso de agua. Al no contar con dicha servidumbre, la empresa estaría impedida legalmente de realizar cualquier acción de ese tipo.
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El permiso PUARUPM otorgado a Southern Perú contraviene explícitamente el artículo 60.1 de la Ley N.º 29338, Ley de Recursos Hídricos, que exige acreditar propiedad o posesión legítima para el uso productivo del agua. Al tratarse de una posesión provisional que no permite actividades mineras, la empresa no podría haber accedido a dicho permiso. Así lo explicó a este medio el especialista Elvis Jump.
“Cuando un privado quiere hacer proyectos de inversión y utilizar terrenos del Estado, pide una servidumbre para realizar actividades productivas. Es la única forma de usar terrenos del Estado con ese fin. Southern no tiene servidumbre y no puede iniciar obras, pero lo está haciendo. En sus planos figura que tiene servidumbre, pero no tiene nada”, señaló Jump.
Asimismo, acusó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) de ignorar el artículo 53.7 de la misma ley, el cual establece la obligación de verificar la existencia de servidumbres registradas antes de otorgar licencias. Es decir, no se habría verificado adecuadamente la documentación, lo que permitió que la compañía iniciara operaciones con el uso de agua residual sin cumplir con los requisitos legales.
