Dina Boluarte promulgará una ley del Congreso que reduce el IGV al 14% desde 2026 y duplica progresivamente el Foncomún para los municipios. Aunque la norma fue celebrada por alcaldes y respaldada por el MEF y la PCM, expertos advierten que carece de sustento técnico. Además, trasladará una fuerte carga fiscal al siguiente gobierno, comprometiendo la recaudación y el equilibrio presupuestal.
El Congreso aprobó un paquete legislativo con más de veinte proyectos que da origen a la “Ley que promueve la descentralización fiscal”, cuyo núcleo es la reducción del IGV de 16% a 14% a partir de 2026. Esta modificación figura en una disposición complementaria que altera el Decreto Legislativo 821. Y fue defendida como una medida que impulsará el desarrollo de zonas alejadas mediante el fortalecimiento del Fondo de Compensación Municipal (Foncomún).
La presidenta Dina Boluarte y su gabinete han anunciado que promulgarán la norma sin observaciones. El premier Eduardo Arana y el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, ratificaron el apoyo del Ejecutivo durante reuniones en Huancayo y ante la Asociación de Municipalidades del Perú. Sin embargo, la contradicción es evidente: mientras saludan la medida, también reconocen la necesidad de mejorar la recaudación tributaria, un objetivo que se verá comprometido por esta reforma.
Luis Arias Minaya, exjefe de la SUNAT, cuestionó la decisión y advirtió que implicará una pérdida anual de S/10 mil millones para el Estado. Aunque el aumento del IPM al 4% duplicará los ingresos municipales, no existen garantías de que estos fondos se traduzcan en inversión pública efectiva. “Se está financiando el gasto municipal recortando la parte que le corresponde al Gobierno central. Es una redistribución que, en la práctica, desordena las cuentas fiscales”, advirtió.
Arias también calificó la norma de inconstitucional, ya que impone una obligación de gasto al Ejecutivo sin prever compensaciones ni márgenes de ajuste. La gradualidad en el incremento del Foncomún —de 2% a 4% entre 2026 y 2029— se combina con una reducción inmediata del IGV, dejando al próximo gobierno con menor capacidad de maniobra financiera. Además, la postura débil del Ejecutivo ante el Congreso alimenta la preocupación de que otras reformas fiscales regresivas sean impuestas en el corto plazo.
