El año pasado, la primera licitación de la carretera Cabrería – Pampa Cañahuas, que pretende ejecutar el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), fue anulada. Esto debido a que Obrainsa, empresa que formaba parte del consorcio ganador, fue sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) para no licitar con entidades estatales. El proyecto, que estaba formulado por S/ 176 millones entre expediente y ejecución, se cayó. Y recién este año la gestión del gobernador Rohel Sánchez retomó un nuevo proceso de selección. El mismo que terminó en marzo con la firma del contrato con un nuevo consorcio. Sin embargo, esta nueva licitación tendrá que volver a anularse debido al mismo problema: uno de los consorciados fue sancionado por el TCE días antes de firmar el contrato y la medida se ratificó el pasado 14 de abril. Con esto, la gestión de Sánchez no podrá sacar adelante la millonaria obra.
Proceso con trampa
Como ya lo había advertido Revelación.pe en febrero pasado, la licitación para la obra de la carretera Cabrería – Pampa Cañahuas estuvo manchada por un posible direccionamiento. Y es que el comité de selección provocó que varios postores caigan en error al presentar ofertas con 1 centavo por debajo del 90% que correspondía al monto referencial del proyecto; tanto para el componente de expediente técnico como para el de ejecución de obra. Los detalles pueden revisarlos en un reportaje bien explicado publicado el 29 de febrero. El punto es que esto provocó que varios postores quedaran descalificados.
Al final, el único que le «atinó» a la calificación del comité de selección —queremos pensar que por buena suerte o porque advirtieron la «trampita»— fue el Consorcio Vial Yura, conformado por las empresas Levon South America SA Sucursal del Perú y CIA Inmobiliaria Montenegro SAC.
Contrato viciado
Sea como fuere, el consorcio firmó el contrato con el gobierno regional el 26 de marzo. Sin embargo, este debería quedar nulo tras conocerse que la empresa Levon South America SA fue sancionada por el TCE el 13 de marzo. Es decir, 13 días antes de firmar el contrato con el GRA.
Se trata de una inhabilitación por 5 meses para contratar con el Estado mientras no pague la multa de S/ 9 millones 135 mil 819 que el TCE le impuso. De acuerdo con la resolución Nº 01747-2025-TCE-S1, la sanción se produjo a razón de que Levon South America SAC no perfeccionó el contrato de la licitación para la culminación de la obra de la carretera Checa – Mazocruz, en la provincia del Collao (Puno). Un proyecto de Provias Nacional. Específicamente, la empresa no presentó su carta fianza a pesar de las reiteradas observaciones que hizo la entidad. La sanción quedó consentida el 14 de abril, luego de que el TCE declaró infundado el pedido de reconsideración de la empresa.
Debido a esta sanción la firma del contrato con la gestión de Rohel Sánchez, para la vía Cabrería – Pampa Cañahuas debería quedar nula. Así lo advierte el especialista en gestión pública, Jorge Sumari Buendía. Este indica que en principio Levon South America debió avisar a los funcionarios del GRA sobre su sanción con el fin de que tomen una decisión. Y de igual manera, los funcionarios de Logística y asesoría legal del GRA debieron tomar conocimiento de la sanción porque esta se publica en el diario oficial El Peruano. «En caso de haber conocido y de igual forma firmaron el contrato con la empresa hay dolo. Porque se debió dejar en suspenso o al menos pedir explicaciones a la empresa», añade Sumari
Cabe resaltar que cuando Obrainsa ganó la licitación de esta misma obra el año pasado y tras firmar el contrato el TCE la sancionó. Por eso la gestión de Rohel Sánchez anuló el contrato. Y esta nueva licitación parece que tendrá mismo destino. Aunque en este caso queda la esperanza de que el Consorcio Brontes, que quedó en segundo lugar, pueda firmar el contrato. Aunque en este caso, los empresarios ofertaron por la carretera 192 millones 412 mil 640 soles.
Los mismos errores
Al respecto, el consejero regional César Huamantuma advirtió que la gestión de Rohel Sánchez está cayendo en los mismos errores. «Lo peor es que esto pasa por la falta de debida diligencia. Ellos debieron tomar conocimiento de que la empresa estaba sancionada y tomar acciones. Simplemente no firmar el contrato. Y ahora tendría que quedar nulo», añadió.
El legislador regional recordó que luego de que Revelación.pe denunció las irregularidades durante la licitación de esta obra, en febrero, el consejero Miguel Ángel Linares pidió la conformación de una comisión especial. Sin embargo, la mayoría del pleno lo rechazó, alegando que era potestad de la comisión ordinaria de Infraestructura. «Allí el presidente de la comisión es Aaron Maldonado», dijo. Este es un consejero oficialista que más bien siempre va de la mano del gobernador y hasta de su esposa, Luz Marina Zeballos.
En tanto, el consejero Miguel Ángel Linares indicó que el Ministerio Público debería investigar el caso. «Estamos hablando de omisión de funciones. Porque, si ya se conoce de la sanción a la empresa, ¿porqué no han anulado el contrato? A menos que la empresa ya haya pagado la multa. Cosa que dudo», manifestó Linares.
Ambos consejeros coincidieron en que plantearán este tema en la próxima sesión del Consejo Regional. Huamantuma dijo que pedirá nuevamente una comisión especial. «Espero que no la bloqueen. Porque ya se merece por los constantes errores y dudas que se tienen de la transparencia de cómo se están haciendo los procesos», argumentó.
