El Ministerio Público dispuso iniciar una investigación penal contra el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, por el delito de omisión de funciones. Esto por no haber gestionado el retorno de la administración y posesión de tres predios en el ecosistema frágil de Lomas de Cachendo. El cual actualmente está en manos de la empresa Southern Cooper Perú. La investigación, contenida en la Carpeta Fiscal N° 503-2025-1770-0, se centra en la gestión de terrenos otorgados en servidumbre a la empresa minera para el desarrollo del Proyecto Minero Tía María.
Omisión de funciones
De acuerdo a la disposición fiscal, Southern Peru Copper Corporation solicitó al Estado la servidumbre de tres áreas ubicadas en el sector Pampa Cachendo, en los distritos de Cocachacra y Mejía, provincia de Islay. Esto para la construcción de accesos, instalaciones auxiliares y posibles depósitos de material en el marco de la ejecución del proyecto.
Los terrenos estaban registrados en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) y fueron entregados provisionalmente mediante actas de entrega-recepción emitidas en 2014 y 2015. Sin embargo, solo uno de los tres predios recibió la aprobación formal de servidumbre mediante la Resolución Gerencial General Regional N.° 150-2018-GRA/GGR, el 30 de julio de 2018. En este caso nos referimos a un predio de 49 hectáreas.
Una de las primeras irregularidades que se detectaron es que esta resolución también debió inscribirse en el Registro de Predios de Sunarp. «La no inscripción del otorgamiento de la servidumbre esconde la existencia de esta», dicta la resolución fiscal. Ello impide que el Estado, por ejemplo, pueda cobrar impuestos o arbitrios municipales a Southern Copper.
Los otros dos predios también permanecen en posesión de la empresa minera, pero en la condición de servidumbre provisional desde marzo de 2014. No obstante, según los términos de las actas de entrega y recepción, la empresa estaba obligada a asumir sufragar los gastos de agua, electricidad, mantenimiento y tributos generados por su uso.
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La denuncia sostiene que la empresa no ha cumplido con estas obligaciones y que los funcionarios involucrados no tomaron medidas para exigir su cumplimiento. Teniendo en cuenta que ya pasaron más de 10 años desde el otorgamiento de las servidumbres provisionales.
Terrenos deben devolverse
Otro punto es que los terrenos entregados en servidumbre provisional se zonificaron en 2020 como áreas con aptitud para cultivos de frutales u otros cultivos perennes con potencial hídrico subterráneo, según la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de Arequipa.
Este uso del suelo es incompatible con las actividades previstas en el Proyecto Minero Tía María, que contempla la construcción y operación de una planta de procesamiento de minerales y depósitos de relaves. Recordemos que el ZEE es el máximo dispositivo legal de ordenamiento territorial de la región, por lo que solo puede modificarse o actualizarse mediante ordenanza regional.
El Decreto Supremo N.° 002-2016-VIVIENDA establece que, si un terreno entregado en servidumbre presenta restricciones incompatibles con su uso, la SBN o el Gobierno Regional deben dejar sin efecto la entrega provisional y ordenar su devolución en un máximo de 10 días.
Las actas de entrega y recepción suscritas con la empresa minera contienen una cláusula que permite la revocación del uso del terreno si se detectan vulneraciones a normas de protección ambiental, patrimonio cultural u otras restricciones legales. De acuerdo a la carpeta fiscal, el gobernador y los otros tres funcionarios involucrados no cumplieron con retornar la posesión de los predios en favor de la Región.
Antecedentes
La disputa sobre las Lomas de Cachendo tiene su origen en el reconocimiento de este ecosistema como un área frágil en 2016, con una extensión de 8 mil 402 hectáreas. A pesar de ello, en julio de 2018, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), bajo la gestión de Yamila Osorio, otorgó a Southern Copper Perú una servidumbre de 49 hectáreas por 21 años, a cambio de una compensación de más de 948 mil soles.
En julio de 2019, en medio de protestas contra el proyecto minero, el entonces gobernador regional Elmer Cáceres Llica anuló la servidumbre mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 375-2019-GRA/GR. En paralelo, el GRA exigió formalmente la devolución de las 49 hectáreas, con el argumento de que las Lomas de Cachendo estaban protegidas por la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 153-2018-MINAGRI-SERFOR, que las incluyó en la “Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles”.
La controversia se intensificó cuando el GRA advirtió que Southern podría ser desalojada si no devolvía el terreno, tal como ocurre con invasores de tierras. Sin embargo, Southern Copper Perú rechazó la orden de desalojo y argumentó que la zona ocupada no afectaba el ecosistema, pues se trataba de un área desértica en la parte alta de las pampas. Además, la empresa aseguró que la anulación de la servidumbre era ilegal y que solo el Poder Judicial podía resolver el conflicto.
En ese contexto, Southern presentó una Acción de Amparo en Lima para restituir su supuesto derecho sobre el terreno, de más está decir que este recurso salió a su favor.
Otros investigados
La investigación fiscal incluye al jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Víctor Hugo Quispe Rodríguez, la jefa de la Oficina de Acondicionamiento Territorial, Luz María Torres Tejada, y la exgerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Norma Mamani Coila.
