En los últimos años, las Obras por Impuestos (OXI) se han promocionado como una solución innovadora para el desarrollo regional. Sin embargo, una investigación reciente ha destapado una red de corrupción que ha desviado millones de soles en proyectos precarios y, en muchos casos, inconsistentes. Empresas fantasma, bonos de reconstrucción de los años 80 y políticos influyentes están detrás de este escándalo que afecta a regiones como Ica, Cajamarca y Arequipa.

José Antonio Salardi debería proponer reformas para transparentar el ingreso de empresas a la modalidad OXI.

Ica, el epicentro

Desde mayo de 2023, Ica ha sido el epicentro de este festín. Quince empresas se han adjudicado S/ 671 millones bajo la modalidad Obras por Impuestos. Muchas de ellas sin trabajadores en planilla y con historiales empresariales sospechosos. Entre las compañías destacan Alihcom Build SAC y Fondo Investa SAC, que ganaron un contrato de S/ 23.2 millones para dotar de patrulleros y motocicletas a comisarías de la región. Ambas empresas, dedicadas a la venta de materiales de construcción y consultorías, fueron las únicas postoras.

Pero el caso más escandaloso es el de Segumax Táctica SAC, que junto a su socia Sym Servicios Integrales del Perú, se adjudicaron S/ 87 millones para la creación de un servicio de seguridad ciudadana en Ica. Esta empresa, junto a otras como Kromos Produce SAC y Altavista Inversiones Globales, han inflado su capital utilizando «Bonos de reconstrucción» de los años 80. Se trata de certificados que se compran por S/ 150 en plataformas como Mercado Libre y se registran como activos millonarios en su contabilidad.

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El mecanismo de la OXI

Los bonos de reconstrucción son de muy fácil acceso y sirven para incrementar el patrimonio de las empresas.

El mecanismo es simple pero efectivo: una empresa compra un bono de reconstrucción de los años 80, lo tasa a valores actuales y lo registra como patrimonio. Así, logra cumplir con los requisitos para adjudicarse proyectos OXI millonarios. Este esquema ha permitido que siete empresas en Ica se hayan repartido S/ 511 millones de los S/ 671 millones entregados en la región.

Las repercusiones de este escándalo no solo son económicas, sino también sociales. El periodista Gastón Medina, director de Cadena Sur TV, fue asesinado en enero de 2024 tras denunciar irregularidades en el gobierno regional de Ica. Medina había vinculado al gobernador Jorge Hurtado, de Renovación Popular, con una organización criminal llamada «Los temibles del sur». Hurtado, investigado por tráfico de influencias, es uno de los principales sospechosos del asesinato.

E periodista Gastón Medica fue asesinado luego de denunciar irregularidades en la entrega de OXI por el gobierno regional de Ica.

Detrás de esta red también aparecen figuras políticas de alto nivel. El ex premier Alberto Otárola tiene vínculos cercanos con Wálter Obando Fernández, gerente de finanzas del «Consorcio OXI», una firma especializada en asesorar a empresas para ganar proyectos OXI. Obando y su concuñado, Jorge Esquerre Gutiérrez, son los cerebros detrás de esta operación que ha beneficiado a empresas con poco o ningún historial en obras públicas, señalan fuentes consultadas por Revelación.pe

Reforma urgente

Este escándalo no solo expone las fallas del sistema de Obras por Impuestos, sino también la urgencia de una reforma profunda en ProInversión, el organismo encargado de promover estas iniciativas. Mientras tanto, las regiones afectadas siguen esperando obras de calidad que mejoren su infraestructura y servicios, lejos de los intereses de unos pocos.

El caso de Ica no es aislado. Cajamarca y Arequipa también han sido protagonistas de este esquema. En Cajamarca, 19 obras OXI han sido ejecutadas, mientras que en Arequipa se han llevado a cabo 17 proyectos. Sin embargo, la falta de transparencia y supervisión ha permitido que muchas de estas obras sean precarias y no cumplan con los estándares mínimos de calidad.

En Arequipa aumentan los proyectos bajo la modalidad OXI, y se necesita transparentar quienes y cómo las ejecutan.

La pregunta que queda en el aire es: ¿cómo se puede reformar un sistema que ha sido secuestrado por intereses particulares? Expertos en gestión pública sugieren que se necesita una mayor transparencia en los procesos de adjudicación. Así como una supervisión independiente que garantice que los recursos se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la población.

Mientras tanto, las comunidades afectadas siguen esperando respuestas. Las promesas de desarrollo y mejora en infraestructura se han visto opacadas por la corrupción y la falta de accountability. El caso de las OXI es un recordatorio de que, sin una gestión transparente y responsable, incluso las mejores intenciones pueden convertirse en un negocio oscuro y perjudicial.