Los extorsionadores han encontrado un nuevo blanco: los colegios privados. En Lima, más de 300 instituciones educativas reciben constantes amenazas de delincuentes. Estos exigen pagos de hasta S/ 100 mil para garantizar la «tranquilidad» de sus instalaciones. Este hecho no solo ha obligado a varios centros educativos a regresar a la virtualidad, sino que también pone en riesgo la vida de 350 mil estudiantes menores de edad.
El director del colegio San Vicente de Comas reveló que recibió un mensaje de WhatsApp en el que los extorsionadores le exigían una suma inicial de S/ 100 mil. “El fin de mi mensaje es negociar la tranquilidad de tu colegio San Vicente, de tu familia y la vida tuya. Hoy por hoy el cono norte se ha vuelto tierra de nadie, solo el más fuerte tiene la batuta y decide qué hacer o no hacer con todo aquel negocio que nos da un no como respuesta”, decía el texto. Este no es un caso aislado, pero sí uno de los pocos que se atreve a denunciar.
La lentitud de las autoridades para actuar agrava la situación. Según el director del colegio San Vicente, la Fiscalía tarda demasiado en abrir las carpetas de investigación. Y la Policía Nacional del Perú (PNP) no puede actuar sin la orden de los fiscales. Esta falta de respuesta ha dejado a los colegios y sus comunidades educativas en una situación de vulnerabilidad extrema.
Los mensajes de los extorsionadores no dejan lugar a dudas sobre las consecuencias de no cumplir con sus exigencias. “Es ahí que en las noticias sale a menudo seguridad de pollerías asesinados por negarse a colaborar. Ferreterías quemadas por la necedad de sus dueños a dialogar, mototaxistas botados en sus motos con impactos de bala en la cabeza por error de su presidente en hacer caso omiso a nuestro mensaje. Y hasta doctores muertos saliendo de la clínica que nos dio un no como respuesta. Ya sabes qué se te viene y las consecuencias”, advierte uno de los textos enviados a los colegios.
Ante esta crisis, las instituciones educativas han optado por medidas extremas. Varios colegios han decidido suspender las clases presenciales y regresar a la virtualidad para proteger a sus estudiantes y personal. Sin embargo, esta solución temporal no resuelve el problema de fondo: la inseguridad que enfrentan los colegios y la falta de acción efectiva por parte de las autoridades.
Mientras tanto, los padres de familia y la comunidad educativa exigen respuestas concretas. La vida de 350 mil menores de edad está en juego, y la inacción de las autoridades solo aumenta el riesgo. La extorsión no solo afecta a bodegas, ferreterías y taxistas. Ahora también amenaza el futuro de miles de niños y jóvenes que merecen estudiar en un entorno seguro y libre de miedo.
