El año 2024 dejó al descubierto una práctica recurrente en los colegios privados del país: el direccionamiento en la compra de útiles escolares y uniformes. Según el Indecopi, esta infracción representó el 79 % de las sanciones impuestas a instituciones educativas. Evidenciando un problema que afecta directamente a los bolsillos de las familias peruanas.
Un total de 75 sanciones fueron aplicadas a colegios de los niveles inicial, primaria y secundaria. De estas, 30 fueron amonestaciones y 25 multas, que en conjunto sumaron un valor de 250.9 UIT, equivalentes a más de S/ 2.4 millones. Estas cifras reflejan la magnitud de un problema que, pese a las advertencias, sigue vigente en el sector educativo privado.
Pero el direccionamiento no fue la única falta detectada. El 6 % de las sanciones correspondió a la falta de información sobre las condiciones económicas. Mientras que el 4 % se debió a la negativa de brindar el Libro de Reclamaciones, ya sea físico o virtual. Otros casos incluyeron cobros de cuotas extraordinarias, discriminación, incumplimiento de normas contra el acoso escolar y la exigencia de presentar todos los útiles al inicio del año.
Ante esta situación, el Indecopi recuerda a los padres de familia que cuentan con herramientas para defender sus derechos. La plataforma “Mira a quién le compras” permite conocer qué proveedores del sector educativo han sido sancionados, brindando información clave para tomar decisiones informadas. Además, la institución instó a los padres a solicitar el Libro de Reclamaciones ante cualquier irregularidad, garantizando una respuesta en un plazo máximo de 15 días hábiles.
Para facilitar el proceso de reclamos, el Indecopi ha habilitado múltiples canales, incluyendo el correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe, la plataforma Reclama Virtual y líneas telefónicas gratuitas. Estas opciones buscan empoderar a los consumidores y asegurar que las instituciones educativas cumplan con las normas de protección al consumidor.
Mientras tanto, las sanciones impuestas por el Indecopi, que pueden alcanzar hasta 450 UIT (S/ 2,407,500), sirven como una advertencia clara a los colegios privados: las prácticas abusivas no serán toleradas. En un contexto donde la educación es un pilar fundamental, la transparencia y el respeto a los derechos de los padres y estudiantes deben ser prioritarios.
