Pedro Castillo, el expresidente peruano, lanzó un nuevo golpe mediático desde su celda en el penal de máxima seguridad de Barbadillo: inició una huelga de hambre. Este lunes, a través de un manuscrito difundido en sus redes sociales, denunció lo que califica como una “injusticia” en su contra. Acusó al sistema judicial de parcialidad y aseguró que la jueza Norma Carbajal “forzó el tipo penal de rebelión”. “Pongo en conocimiento a mi familia, al pueblo peruano, que haciendo uso de mi derecho humano he decidido acatar a partir de esta fecha huelga de hambre”, escribió.
El exmandatario, quien enfrenta un juicio por intentar un autogolpe en diciembre de 2022, llegó a la audiencia sin respaldo legal. Notificó la subrogación de todos sus defensores, pero la sala judicial le asignó un abogado público. El juez supremo José Neyra aclaró que su defensa “continúa subsistiendo”, pese a su intento de prescindir de sus abogados particulares.
El jueves pasado, Castillo intentó abandonar la audiencia, pero los magistrados le negaron el permiso. “No deseo participar más de este juicio, con su permiso, ¿puedo retirarme? Estoy aquí contra mi voluntad”, declaró. Además, criticó a la Procuraduría General del Estado por calcular una reparación civil de 65.4 millones de soles. “Jóvenes robustos pidiendo millones de plata… que vayan a trabajar. Yo no puedo trabajar, tengo que hacer una rifa (para pagar eso)”, ironizó.
El juez Neyra le advirtió que tomaría medidas si se negaba a permanecer en la audiencia. Subrayó que Castillo había rechazado contar con un abogado particular y recordó que todo el proceso se grababa en video. El juicio, que se realiza en un ambiente adjunto al penal de Barbadillo, ha estado marcado por tensiones y declaraciones polémicas.
La fiscal Galinka Meza reiteró su pedido de 34 años de prisión para Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. También solicitó tres años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Junto al exjefe de Estado, procesan a los expresidentes del Consejo de Ministros Aníbal Torres y Betsy Chávez, al exministro del Interior Willy Huerta y a tres expolicías. Todos enfrentan penas de entre 15 y 25 años de cárcel.
Mientras el juicio avanza, la huelga de hambre de Castillo ha encendido el debate sobre la imparcialidad del sistema judicial y las condiciones de su encarcelamiento. Con una posible condena que podría mantenerlo tras las rejas por más de tres décadas, el expresidente busca llamar la atención internacional sobre su caso. Sin embargo, su futuro sigue siendo incierto en medio de un proceso judicial que parece lejos de concluir.
