La Gerencia Regional Ambiental, antes Autoridad Regional Ambiental (ARMA), no deja de ser blanco de irregularidades. Y es que tras la denuncia del consejero César Huamantuma Alarcón sobre pagos deshonestos a dos ingenieras, ahora se conoció su afinidad con el subgerente de Calidad Ambiental, Jacob Edwhin Salazar Aldana, lo que deja entrever un posible direccionamiento en sus contrataciones. 

Pues resulta que las dos trabajadoras Lucía Pérez Acevedo y Diana Cóndor Sánchez trabajaron en la consulta de Salazar Aldana, JESA EIRL. Este les emitió sus certificados de trabajo, que sirvieron para engrosar su curriculum y ser contratadas en la gerencia. Además, Salazar formó parte del comité que las seleccionó., en un claro conflicto de intereses. Incluso, el propio Fernando Mejía, formó parte del equipo de «expertos» de JESA EIRL, junto a Pérez y Cóndor. ¿Todos se conocían de antemano?

Las facilidades que tienen Pérez y Cóndor podría deberse a que ambas trabajaron antes para el subgerente Jacob Salazar.

Cobros en la mira

Todo comenzó cuando el consejero sacó a la luz una serie de irregularidades en la ARMA. Dos trabajadoras, Lucía Pérez Acevedo y Diana Cóndor Sánchez, cobraron 32 mil soles cada una. Esto por informes técnicos sobre instrumentos de gestión ambiental (IGAFON) que, según la investigación del legislador, nunca realizaron.

Según su denuncia, ambas presentaron informes que pertenecerían a otras personas, con firmas diferentes y duplicación de contenido, lo que sugiere posibles plagios. Las irregularidades no se limitan a la falta de elaboración de informes. Además de un incremento salarial. Inicialmente, recibieron 18 mil soles por presentar 20 informes mensuales, pero luego su sueldo aumentó a 7 mil soles mensuales a pesar de que el número de informes requeridos se redujo a 10. 

También señaló que los trabajadores de ARMA dicen no conocer a las implicadas, lo que alimenta las sospechas de que se trataría de trabajadoras fantasma. Además, destacó que los términos de referencia exigían trabajo mixto (remoto y presencial). Es decir, tenían la posibilidad de trabajar desde la comodidad de sus hogares.

Lucía Pérez y Diana Cóndor se presentaron vía virtual, lo que refuerza la tesis del favoritismo de Mejía y Salazar.

Responden acusaciones 

El gerente Fernando Martín Mejía Vargas y el subgerente Jacob Edwhin Salazar Aldana salieron a tratar de desmentir las acusaciones del consejero Huamantuma. En conferencia de prensa, explicaron que ambas de trabajadores prestaron sus servicios de acuerdo a los términos de referencia (TDR). Y señalaron que sus informes están en la plataforma del Sistema de Gestión Documentaria (Sisgedo). 

“Tienen similitud (los informes) porque hay diferentes profesionales que evalúan un mismo expediente pero en diferentes aristas. Uno ve el tema de admisibilidad y el otro puede ver otros requisitos. No están diciendo mentiras. Se hace ese procedimiento para evitar compañerismos y corrupción en la aprobación de los Igafom. Todos sus informes están en la plataforma”, dijo el subgerente Jacob Salazar Aldana. 

Respecto a su modalidad mixta, que les permite trabajar sin estar presentes en la Gerencia Regional Ambiental, explicó que es por un problema de espacios limitados. “Ellas tienen un trabajo mixto. Por el tema de espacio no podemos tener a todos nuestros trabajadores sentados en un escritorio”, explicó. 

Fernando Mejía y Jacob Salazar intentaron desbaratar acusaciones, pero terminaron más embarrados.

Resulta curioso porque ambas trabajadores tiene su domicilio fuera de Arequipa, en Anchash y Huánuco respectivamente. Entonces nos preguntamos: ¿Cómo evalúan los expedientes cuando no conocen la realidad. Hay que recalcar que ambas servidoras, estuvieron presentes de forma virtual en la conferencia organizada por los funcionarios de la Arma. 

Lo que no se dijo

Lo que no se dijo de la contratación de Lucía Pérez Acevedo y Diana Cóndor Sánchez es que ambas formaron parte de la consultora personal del subgerente Jacob Edwhin Salazar Aldana, JESA E.I.R.L. Incluso, el mismo funcionario fue quien les entregó sus constancias laborales para adjuntarlo a su currículum vitae, para ser contratadas en la Gerencia Ambiental.

Certificado de trabajo que firmó Jacob Salazar en favor de Lucía Pérez, mediante su empresa JESA EIRL.

Revelación.pe accedió a estás constancias de trabajo donde se consigna que Lucila Pérez Acevedo se desempeñó como especialista ambiental en trabajos de elaboración de planes de contingencia, mitigación y gestión integral de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos Desde el 1 de julio del 2016 hasta el 10 de marzo 2017. 

Y aquí el certificado de trabajo en favor de Diana Cóndor, también firmado por Salazar.

Mientras que Diana Cóndor Sánchez laboró del 12 de mayo al 20 de noviembre del 2022 como especialista en capacitaciones de seguridad, salud ocupacional, materia ambiental: manejo adecuado de residuos sólidos, cambio climático, medidas de adaptación, mitigación, manejo y conservación de suelos agua y biodiversidad. Ambos certificados están firmados por el gerente general de la consultora JESA EIRL, Jacob Edwhin Salazar Aldana. 

Además de esto. Fernando Mejía, el gerente de Ambiente, también fue trabajador de la empresa personal de Salazar Aldana. En un documento presentado al Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), para la inscripción y formalización de la consultora en temas ambientales, son presentados como su equipo de «especialistas».

Este es el equipo que JESA EIRL acreditó ante el SENACE, donde aparecen Mejía y Salazar.

La sospecha de un posible direccionamiento crece tras las propias declaraciones del funcionario en cuestión, quien señaló que formó parte del comité que les realizó la entrevista personal y que, además, también las recomendó para empezar a trabajar en la Arma del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). 

“Hay una evaluación previa para su contratación. Han ido a la Gerencia y les hemos pasado la entrevista personal. Nada tiene que ver donde hayan trabajado o no, vamos a ver sus productos. Yo soy libre de trabajar dónde quiera. (Sobre su vínculo con su empresa) eso le impide a un trabajador probo de trabajar, creo que no. No hay conflicto de intereses porque son temas totalmente diferentes”, señaló y se retiró.