La investigación contra Fredy Hinojosa, vocero presidencial, se intensifica tras el allanamiento a su vivienda, un operativo que duró más de ocho horas. La Fiscalía investiga su posible vinculación con actos de corrupción relacionados con el programa Qali Warma. Hinojosa se desempeñó como director ejecutivo entre 2019 y 2022 en el programa social. Según la denuncia, habría facilitado la contratación de la empresa Frigoinca, fabricante de las controvertidas conservas «Don Simón«.
La acusación fiscal señala que Hinojosa y otros quince funcionarios presuntamente formaron parte de una organización criminal que favoreció la contratación de Frigoinca. Las autoridades investigan a esta empresa por su relación con productos defectuosos entregados en el programa estatal. A pesar de la gravedad de las acusaciones, la ley impulsada por la presidenta Dina Boluarte, que prohíbe la detención preliminar, impidió el arresto de Hinojosa.
En defensa de su gestión, Hinojosa aseguró que durante su periodo en Qali Warma no se reportaron intoxicaciones ni irregularidades. Tras el operativo, manifestó que continuará colaborando con las autoridades, aunque rechazó las acusaciones en su contra. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, respaldó su postura, defendió su integridad y pidió evitar la politización del caso.
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El caso Qali Warma continúa siendo un tema delicado para el gobierno de Dina Boluarte. Aunque la presidenta ha negado cualquier relación con las irregularidades, su cercanía con Hinojosa ha generado cuestionamientos. Ambos trabajaron juntos en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social durante el gobierno de Pedro Castillo, lo que ha despertado sospechas de una posible complicidad en los hechos investigados.
La Fiscalía intensificó las pesquisas e incautó mil 140 cajas de conservas Frigoinca durante el allanamiento a 17 inmuebles vinculados a los investigados. Los fiscales y la Policía Nacional confirmaron que continúan recolectando pruebas clave para determinar el alcance de la corrupción en Qali Warma. Esta situación subraya la gravedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer los hechos.
Por su parte, el ministro de Justicia reiteró que el gobierno de Boluarte no blindará a ningún funcionario corrupto, pese a la sensibilidad política del caso de Hinojosa. La presión por resolver este caso sigue en aumento, mientras la ciudadanía exige transparencia y justicia, especialmente en un programa que beneficia a miles de niños en situación de vulnerabilidad.
