Aprovechando una convocatoria para empadronadores en el municipio cerreño, los hijos y hermanos de servidores públicos, incluso funcionarios de alto rango, fueron convocados y cobraron. La Contraloría pudo determinar que la comuna no solicitó la declaración jurada de intereses, lo que permitió la irregularidad.
Al interior del municipio distrital de Cerro Colorado ya no hay decoro para cometer actos irregulares. Resulta que entre setiembre y noviembre del año pasado se contrató a 15 hijos y hermanos de trabajadores de dicha comuna. Esto a pesar de que la ley lo prohíbe. El perjuicio sumado, advierte la Contraloría, es de 76 mil 800 soles. Además se señala responsabilidad administrativa en el gerente de Administración y Finanzas, René Mario Ramos Gonzales.
El informe de Control Específico Nº 030-2024 advierte que primero se hizo una convocatoria que a todas luces estuvo dirigida. Esto para el plan de trabajo por empadronamiento masivo por barrido focalizado 2023, para la Oficina de Empadronamiento y Estadística de la comuna cerreña. Para esto, enviaron por correo electrónico una invitación «a cotizar única y directamente a un proveedor por cada requerimiento». Y cada uno de ellos envió su cotización y su declaración jurada de intereses.
Este último documento es clave, pues es donde los proveedores deben señalar si tienen algún familiar al interior de entidad donde pretenden ser proveedores.
Entonces, a pesar de solo tener una cotización para los requerimientos de la Oficina de Empadronamiento y Estadística, el gerente de Administración y Finanzas dio el visto bueno y dio validez a los documentos de cada uno de los proveedores. Sin verificar si existía o no algún impedimento. Esto permitió que estas personas dieran el servicio y cobren por ello.
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Parentescos y responsabilidad
La Contraloría detectó que 15 de los proveedores contratados tienen vínculo familiar con trabajadores de la comuna de Cerro Colorado que están bajo régimen 276, 728 y 1057. La mayoría de ellos obreros del municipio, pero también hay casos de funcionarios de más rango.
Por ejemplo, se contrató a Diana Salazar Quispe por el monto de S/ 4.500 como empadronadora. Ella es hermana de Luis Alberto Salazar Quispe, quién es subgerente de Educación Cultura y Deporte. También a Britany Velasquez Ramos por el monto de S/ 6.300, también como empadronadora. Ella es hermana de Ivan Velasquez Ramos, especialista de la Subgerencia de Infraestructura Deportiva.
Al respecto, la Contraloría concluye que René Ramos Gonzales no solicitó la declaración jurada de intereses a los proveedores. Esto se confirma porque no se encontró entre el legajo de los proveedores ese documento. Incluso señalaron que ese formato recién se pide desde junio de este año. Sin duda, una falta grave. Esto, dice la entidad contralora, «no permitió que la información precisada en las cotizaciones de los proveedores pueda ser contrastada e identificar los vínculos de parentesco de dichas personas con los servidores públicos, lo que, conllevó a que la Entidad realiza¡a la contratación de proveedores con impedimentos para contratar».
