El Tribunal Constitucional resolvió que los jueces del Poder Judicial tienen la facultad de controlar las decisiones del Congreso en procesos de acusación constitucional, rechazando los intentos parlamentarios de crear una zona libre de control judicial.
El Tribunal Constitucional (TC) resolvió, por mayoría, que los jueces del Poder Judicial pueden ejercer control sobre las decisiones del Congreso, específicamente en los casos relacionados con acusaciones constitucionales contra funcionarios del artículo 99 de la Constitución.
Este fallo, respaldado por cuatro de los siete magistrados del TC, se dio en el contexto de una demanda competencial presentada por el Congreso, que buscaba evitar que el Poder Judicial interviniera en estos procesos. Sin embargo, el TC dejó en claro que la función de los jueces es garantizar el respeto a los derechos fundamentales, incluso frente a actos del Parlamento.
La decisión del TC no fue bien recibida por la mayoría parlamentaria, que intenta limitar el control judicial sobre sus acciones. El Congreso aprobó rápidamente una reforma del Código Procesal Constitucional el 17 de octubre, reduciendo de cinco a cuatro los votos necesarios para resolver una contienda de competencia a su favor.
El origen de esta disputa se remonta a marzo de 2024, cuando la Primera Sala Superior Constitucional de Lima anuló la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez, miembros de la Junta Nacional de Justicia. El Congreso presentó una demanda competencial, argumentando que el Poder Judicial no tiene la facultad de intervenir en sus juicios políticos. Esta postura buscaba dejar los actos del Parlamento fuera del alcance de cualquier revisión judicial. El TC rechazó la propuesta.
En la sesión del 18 de octubre, los siete magistrados del TC se reunieron para debatir y votar el caso. Aunque Pedro Hernández presentó una ponencia favorable al Congreso, la mayoría de los magistrados apoyó una postura distinta. La presidenta del TC, Luz Pacheco, defendió que solo el Poder Judicial puede garantizar un proceso justo, subrayando que permitir al Congreso controlar sus propios actos vulneraría el debido proceso.
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División en el TC
Durante la votación, dos magistrados, Francisco Morales y Gustavo Gutiérrez, que inicialmente apoyaban la ponencia de Hernández, desconectaron sus micrófonos y se retiraron de la videoconferencia. Ante esta situación, la votación continuó con los cuatro magistrados restantes, quienes emitieron su voto a favor del control judicial. Este incidente destacó la división dentro del TC y la presión ejercida por el Congreso para limitar la independencia judicial.
Ahora, el proceso está en manos de la presidenta del TC, Luz Pacheco, quien tiene la potestad de redactar la sentencia que declara infundada la demanda del Congreso o convocar una nueva votación. De cualquier modo, la resolución final del Tribunal reafirmará el rol del Poder Judicial como garante de los derechos fundamentales y de los límites al poder legislativo en Perú.
