Mientras Vladimir Cerrón sigue en la clandestinidad, su equipo legal continúa utilizando todas las herramientas judiciales disponibles para intentar anular su condena, basándose en tecnicismos como la prescripción del delito y el supuesto mal manejo procesal de su caso.
Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y prófugo de la justicia desde octubre de 2023, está utilizando todos los recursos legales a su disposición para evitar que su condena de tres años y seis meses de prisión efectiva por el Caso Aeródromo Wanka quede firme.
A través de su abogado, Víctor Peralta, ha presentado varios escritos ante el Tribunal Constitucional (TC), exigiendo que se resuelvan dos hábeas corpus que buscan anular la sentencia por corrupción que lo llevó a la clandestinidad. Cerrón acusa a la justicia de vulnerar su derecho al debido proceso y ha insistido en que la sentencia en su contra fue motivada por razones políticas, intentando así desacreditar la legitimidad de su condena.
El Caso Aeródromo Wanka, que involucra un contrato para la construcción y administración de un aeródromo en Junín, llevó a la condena de Cerrón y otros funcionarios por colusión. Según los tribunales, el delito se confirmó cuando se firmó el contrato en 2014, el cual comprometía al Gobierno Regional de Junín a realizar pagos al contratista.
Sin embargo, Cerrón argumenta que el delito ya prescribió en 2023, basándose en la fecha inicial de la presentación del proyecto en 2013. Esta es una de las bases de su defensa, que ha utilizado tanto en el Tribunal Constitucional como en la Corte Suprema, donde previamente también presentó un recurso de casación en un intento más por anular la sentencia.
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Más trucos legales
A pesar de estar prófugo, Cerrón no ha dejado de influir en su caso legal. Además de los hábeas corpus ante el TC, la defensa del exgobernador también argumenta que la orden de captura en su contra se emitió de manera irregular. Ello porque su recurso de casación aún estaba pendiente en la Corte Suprema.
Su abogado acusa al Tribunal Constitucional de demorar innecesariamente el proceso, afectando principios constitucionales como el derecho a un juicio rápido y justo. Incluso ha recordado que el Código Procesal Constitucional obliga tanto a los jueces como al Tribunal Constitucional a acelerar los casos en curso, presionando así a los magistrados para que emitan una decisión.
Paralelamente, la Procuraduría del Estado ha intervenido en el proceso para incrementar la reparación civil que Cerrón y sus coimputados deben pagar por los daños causados al Estado. Aunque la reparación inicial se fijó en 800 mil soles, la Procuraduría considera que el monto es insuficiente y busca que se amplíe a más de 2 millones de soles. Esta cifra corresponde al monto total de la inversión comprometida en el proyecto del aeródromo, que nunca se ejecutó.
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