La Fiscalía de la Nación concluyó el nombramiento de Marco Antonio Portugal Uchasara, tras ser detenido por conducir ebrio con 2.20 g/l de alcohol en sangre.
El fiscal Marco Antonio Portugal Uchasara fue separado de su cargo mediante una resolución de la Fiscalía de la Nación del 4 de octubre de 2024. Esta decisión se tomó después de que Portugal fuera detenido por la policía el 28 de septiembre en el distrito de Socabaya, Arequipa, por manejar en estado de ebriedad.
Los hechos
Como se recuerda agentes de la comisaría de Ciudad Mi Trabajo intervinieron a Portugal Uchasara, quien era fiscal adjunto en la Fiscalía de Violencia Contra la Mujer en Jacobo Hunter, cuando conducía un Toyota Corolla con placa V8N-029. Al hacerle el dosaje etílico, los agentes descubrieron que tenía 2.20 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite legal de 0.5 g/l, lo que evidencia que manejaba en estado de ebriedad absoluta.
Además, el fiscal no tenía su licencia de conducir vigente ni llevaba los documentos del auto. Como resultado, la policía le impuso tres multas: por conducir ebrio (M-02), manejar con la licencia vencida (M-40) y no tener los documentos obligatorios (G-58). Las autoridades trasladaron su vehículo al depósito de Porongoche, en Paucarpata.
Marco Antonio Portugal Uchasara se acogió al principio de oportunidad, lo que significa que aceptó su culpa y pagó una multa por su infracción. Como parte de las sanciones, no podrá conducir por tres años, ya que suspendieron su licencia.
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¿Qué hizo la Fiscalía?
Tras la intervención, el 1 de octubre, el fiscal superior Antonio Alberto Chacón Rossello informó sobre la situación a la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa. Ciro Alejo Manzano, el presidente de la Junta, trasladó el caso a la Fiscalía de la Nación. Ante la gravedad de los hechos, el 4 de octubre la Fiscalía decidió terminar el nombramiento de Portugal Uchasara y cancelar la prórroga de su designación, que iba hasta diciembre de este año.
La Fiscalía explicó que la conducta del fiscal, al cometer una infracción tan grave, no era compatible con el nivel de responsabilidad que su cargo requiere. «Es política de la Fiscalía de la Nación la defensa de los derechos ciudadanos y los intereses públicos, orientada a la prevención y persecución del delito, por lo cual se exige a los fiscales el desempeño de sus funciones con eficiencia, ciñendo su actuación dentro de los principios de objetividad y probidad, a efectos de mantener y fortalecer la imagen del Ministerio Público», dicta el documento en la resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano.
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