Durante una audiencia virtual, la Procuraduría pidió que la suspendida congresista pague S/ 200 mil por el presunto recorte de sueldo a uno de sus trabajadores en 2022. La defensa de Cordero solicitó que se rechace la pretensión, argumentando falta de pruebas.
La Procuraduría General del Estado solicitó al Poder Judicial que la suspendida congresista María Cordero Jon Tay pague 200 mil soles como reparación civil. Ello en el marco de la investigación que enfrenta por el presunto recorte de sueldo a un trabajador de su despacho en 2022. Durante una audiencia virtual, el 23 de septiembre, el abogado del Estado, Luis Santiago, desglosó la suma solicitada: 100 mil soles por daño a la imagen y 100 mil por daño a la institucionalidad del Estado peruano.
Esta solicitud de reparación civil se presentó como parte del proceso para que la Procuraduría General del Estado sea reconocida como «actor civil» o «parte agraviada» en la investigación contra Cordero. A Cordero se le investiga por el delito de concusión. Es decir, por presuntamente exigir parte del sueldo de uno de sus empleados entre marzo y agosto de 2022.
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Por su parte, la abogada de la congresista, Yeni Vicatoma, solicitó que se rechace el pedido de la Procuraduría. Vilcatoma argumenta que no se han presentado pruebas documentales ni pericias que justifiquen la cantidad exigida como reparación civil.
El juez supremo Juan Carlos Checkley, tras escuchar a ambas partes, anunció que notificará su decisión dentro del plazo legal.
María Cordero se encuentra bajo investigación preparatoria y enfrenta restricciones tras haber sido suspendida de su cargo en marzo de 2023. El Congreso, previamente, aprobó levantar su inmunidad parlamentaria para permitir su procesamiento. Sin embargo, la propuesta para inhabilitarla por 10 años fue rechazada por el Pleno.
