La Ley 32108 que tipifica los delitos que entran en la figura de organización criminal ya ha sido asumida por la fiscal Marita Cueva y los abogados de los imputados. Y por tanto, José Gamarra y otros 19 implicados podrían salir libres en cualquier momento.
El caso Correcaminos del Sur, emblemático por ser uno de los más grandes escándalos de la gestión de la exgobernadora Yamila Osorio Delgado, está a poco de caerse y dejar libres a los principales implicados. El argumento de la fiscal Marita Cueva Ojeda, a cargo de las investigaciones y la acusación, es que se debe aplicar la nueva Ley 32108 que modifica las sentencias mínimas para procesar a imputados mediante la figura de organización criminal. Con esto, los abogados de los implicados, con José Gamarra Vásquez a la cabeza, ya sueñan con la libertad de los procesados.
Correcaminos del sur
El caso inició el 28 de diciembre del 2018, justo al final de la gestión de la exgobernadora Yamila Osorio. La policía allanó las casas de los más de 20 implicados, entre ellos el que fuera gerente regional de Transportes y Comunicaciones, José Gamarra Vásquez.
Las primeras investigaciones apuntaban a lo que era un secreto a voces: que los funcionarios de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC) recibían coimas a cambio de permitir la circulación de empresas minivanes que daban servicios de transporte de pasajeros tanto dentro como fuera de la región Arequipa. Esto a pesar de que la norma lo prohibía.
Además, los transportistas pagaban entre S/ 200 y S/ 500 mensuales a los funcionarios del gobierno regional para que los dejen trabajar. Una de las implicadas, Mary Rivera Cárdenas, confesó en su momento que recolectaba dinero de los empresarios de transportes para entregarlo a los funcionarios. Por ejemplo, dijo que en una ocasión entregó S/ 17 mil al exsubgerente de Transportes Interprovincial, Juan Guillermo García Velásquez. Por esto, la fiscalía ordenó la incautación de 19 vehículos de la empresa Perú Bus en marzo de este año.
La tesis de la fiscalía era que parte de ese dinero se repartía y llegaba a los altos funcionarios del gobierno regional. Los principales nombres son José Gamarra y Juan Bermejo, exasesor principal de la exgobernadora Yamila Osorio. Este último desaparecido desde el momento de las primeras intervenciones y de quien no se conoce hasta el momento su paradero.
Durante las pesquisas de la fiscal Marita Cueva se logró identificar a 28 personas. 20 de estas están dentro de la figura de organización criminal, y la pena que se pedía estaba entre los 19 y 20 años de prisión efectiva para Gamarra y Bermejo, respectivamente. Mientras que para el resto de involucrados se pedía penas de entre 5 a 12 años.
En tanto, el juicio por estos casos inició en abril de este año, es decir luego de más de 5 años de investigaciones.
Buscaban reducir sus penas
Iniciado el juicio se conoció que la mayoría de los implicados buscaban acogerse a la terminación anticipada de sus juicios. Aceptarían sus delitos para reducir sus penas y así no volver a la cárcel.
Uno de ellos fue el mismo José Gamarra, quien además pidió una reducción de un cuarto de su pena bajo la figura de “Interés Superior del Adolescente”. Sin embargo, esta figura solo aplica para los hijos que no cumplen la mayoría de edad (18 años). Aún así la fiscal Marita Cueva aceptó el acuerdo alegando que el hijo de Gamarra, José Gamarra Moler, es un joven de 24 años, con bachiller en odontología que aún depende económicamente de su padre. Pues la madre murió en 2017. Es decir, están solo los dos. La fiscal además aceptó, para el acuerdo, que el joven no trabaja, sigue estudiando cursos de odontología y está realizando su tesis para obtener la licenciatura.
También sustenta que el exfuncionario padece de diabetes tipo 2 desde el 2020, por lo que requiere tratamiento. Esto, indica, es una enfermedad grave, por lo que calificaría para la terminación anticipada.
Sin embargo, estos acuerdos fueron rechazados por el 1er Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en los casos de los implicados en la figura de organización criminal. Solo en los casos de Carlos Alberto Huacani Bendita, Danny Oscar Humpire Sánchez, Renato Alexis Perea Tejada, Máxima Ticona Calli, Sharon Wendy Ayerbe Salguero y Rene Arocutipa Lupaca, se aceptó la terminación anticipada. Y se aplicaron penas suspendidas de entre 2 años y 5 meses hasta 3 años y 5 meses. Más el pago de reparaciones civiles y días multa.
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Ya no será por organización criminal
Pero esto no es todo, ahora los abogados y la propia fiscal Marita Cueva barajan la posibilidad de que los 20 implicados que quedaron en el caso Correcaminos del Sur ya no sean procesados por organización criminal, sino por banda criminal o hasta se les procese por los delitos individuales cometidos. La razón: la nueva Ley 32108 promulgada el 9 de agosto por el Congreso, cambió las penas mínimas de los delitos que pueden ser incluidos dentro de la figura de crímen organizado de 4 años a 6 años.
El especialista en derecho penal Fernando Mendoza explica que, políticamente hablando, la ley beneficia a todos los funcionarios públicos que están involucrados en delitos de corrupción con figura de organización criminal. Esto porque los delitos de corrupción de funcionarios tienen penas mínimas de hasta 4 años. “Ahí salen delitos como peculado, concusión, que tienen penas mínimas de 4 años. Si están en ese rango, salen del alcance de organización criminal”, advierte.
Esto ha generado que muchos casos de organizaciones criminales que implican a funcionarios públicos tengan riesgo de caerse. Además de las penas por los delitos individuales, la figura funciona como un agravante y eleva las penas efectivas en un mínimo de 15 años. Por eso es que para José Gamarra y Juan Bermejo se pedía penas de 19 y 20 años respectivamente.
Esto incluso ya fue observado por la Junta de Fiscales Supremos, quienes se opusieron a la promulgación de la Ley 32108. Pues advierten que la norma no ayuda a combatir el crimen organizado ni la corrupción. Es más, desde ahora ya no se podrá procesar a funcionarios públicos bajo esta figura. “Ahora solo podríamos ver a organizaciones criminales donde se involucren delitos como el homicidio calificado o delitos ambientales. Son pocos los delitos donde la pena mínima es de 6 años”, añade Fernando Mendoza.
Fiscal ya negocia con implicados
El problema es que la fiscal Marita Cueva ha aceptado esto y durante la última audiencia del juicio realizada el jueves 22 de agosto, pidió al colegiado de jueces cambiar la tipificación. Ahora, para la fiscal ya no es organización criminal, sino banda criminal. Sin embargo, esta nueva figura es muy débil y no encajaría en el caso de Los Correcaminos del Sur.
Así también lo advirtieron los abogados de los implicados. Estos ahora se empoderaron y barajan la posibilidad de que sus patrocinados sigan sus procesos por delitos individuales. Con esto, José Gamarra por ejemplo, saldría libre. Pues la pena por el delito de Concusión Real por el que se le procesa, además de organización criminal, tiene una pena mínima de 4 años. Y si contamos los 4 años que estuvo en la cárcel con prisión preventiva, en caso de ser encontrado culpable, quedaría libre.
El abogado Fernando Mendoza señala que esto es culpa del Ministerio Público y de los fiscales, pues los procesos de investigación demoran mucho y dan lugar a que los imputados obtengan ciertos beneficios. “Estos delitos de organización criminal por lo general son declarados complejos y los fiscales siempre piden el plazo máximo de 36 meses. E incluso piden extensiones (como pasó con Los Correcaminos del Sur, que se elevó hasta los 48 meses). Pero hay delitos y casos que agravan el interés público y deberían tener prioridad”, señala.
El mayor problema es que, así el Tribunal Constitucional o el Congreso reviertan la norma, los beneficios que obtuvieron los procesados con la Ley 32108 ya no se los quita nadie. Es decir, de todas formas José Gamarra y compañía tiene las de ganar en el juicio por el caso Los Correcaminos del Sur. “Lo peor es que el caso de Los Hijos del Cóndor (que implica al exgobernador Elmer Cáceres Llica) también podría beneficiarse con la misma norma”, puntualiza Fernandez.
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