La congresista de Perú Libre, María Agüero, ha sido denunciada por presuntamente apropiarse del 10% del salario de sus trabajadores a través de su asesor, César de la Cruz, quien habría gestionado las recolecciones.

La congresista María Agüero, del partido Perú Libre, es acusada de haber recortado el 10% del salario de sus trabajadores. Esta práctica contaría con la ayuda de César de la Cruz, un abogado cercano a la parlamentaria. Cruz recolectaba el dinero bajo el pretexto de que era necesario para cubrir gastos del partido y otros conceptos personales de la congresista.

La investigación realizada por el programa periodístico «Punto Final», expuso cómo Agüero supuestamente implementó un sistema de recortes salariales. El sistema incluía también los bonos de los empleados. Los testimonios de extrabajadores mencionaron que las justificaciones para los recortes variaban desde gastos partidarios hasta necesidades personales de Agüero. Por ejemplo, el mantenimiento de su vehículo. La cantidad acumulada en estas recolecciones llegó a ser significativa, con transferencias bancarias a de la Cruz que sumaron hasta 23,333 soles. Se presentaron evidencias, como transferencias bancarias, que indican estos movimientos financieros.

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María Agüero ha negado rotundamente las acusaciones, afirmando que sus cuentas bancarias son completamente transparentes y desafiando a que, de tener pruebas, se realicen denuncias formales. Por su parte, César de la Cruz alegó que las transferencias a sus cuentas eran devoluciones de préstamos personales a los trabajadores.

El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, defendió a Agüero, indicando que el partido permite legalmente aportes del 5% del salario de sus miembros, según los estatutos internos, y sugiriendo que las denuncias suelen surgir de empleados descontentos o con mal desempeño. Cruz también mencionó que el partido evaluará la situación en una reunión interna para determinar su postura oficial.

Este escándalo es solo el más reciente de una serie de denuncias similares que han afectado al Congreso peruano, involucrando a otros legisladores en prácticas corruptas conocidas como «mochasueldos», donde se exige a los trabajadores del Congreso que devuelvan parte de sus salarios a los parlamentarios.

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