Dirigentes de la asociación Agroinc, que pretende terrenos cerca al futuro puerto de Corio, estarían vendiendo lotes a cambio de una inscripción de S/ 2.500. Consejeros pedirán intervención de la Procuraduría Regional porque se configuraría el delito de tráfico de terrenos.
Sin duda, el inicio de cualquier megaproyecto atrae a propios y extraños. Y no es distinto para el puerto de Corío, un proyecto emblemático que podría convertir a Arequipa en el epicentro del comercio mundial. Allí, ahora hay una asociación que busca apropiarse de terrenos ubicados a un kilómetro del sitio donde está pensada la obra, a lado de la Panamericana Sur. Así lo está denunciando el ciudadano Fulgencio Ruiz Herrera, quién es vicepresidente de la Asociación Agroindustrial Corío (Agroinc), cuyos dirigentes están ofreciendo inscripciones y lotes en terrenos del Estado.
Ruiz Herrera ha comunicado esto al gobernador Rohel Sánchez a través de una carta enviada el 5 de agosto. Además en conversación con Revelacion.pe, Ruiz acusó que la presidenta de Agroinc, Isabel Escobar Mamani, y otros dirigentes son operadores políticos del movimiento Yo Arequipa y apoyaron a la campaña política de Sánchez, por lo que teme represalias en su contra.
Al respecto, los consejeros César Huamantuma y Miguel Ángel Linares indicaron que informarán a la Procuraduría Regional y pedirán informes al Ejecutivo regional. “Si no han hecho nada a pesar de que ya fueron comunicados, ameritaría un cuestionamiento, una duda, de si están apoyando o no a estos presuntos traficantes”, manifestó el consejero Huamantuma.

Presuntos traficantes
De acuerdo con Ruiz Herrera, el 13 de junio Isabel Escobar convocó a una reunión de Agroinc en el club Sport Boys de Alto Inclán en Mollendo. Allí la mujer anunció el lotizado de terrenos ubicados a un kilómetro del futuro puerto de Corío y la adición de nuevos miembros a la asociación por un costo de S/ 2.500, con un adelanto de 500 soles que fueron pagados por algunos de los presentes en ese momento. Lo mismo pasó el 30 de junio en el local de Aupa en la ciudad de Arequipa.
Según narra Fulgencio Ruiz, en ese momento se opuso a la propuesta de Escobar y compañía, y advirtió a los pretendientes socios que no entreguen dinero porque podría acarrear un delito. “Pero lamentablemente los allegados de dicha sra. María I. Escobar Mamani hicieron caso omiso y prefirieron entregarle el dinero a ella, a cambio de ser favorecidos con los terrenos destinados a proyectos proveedores de bienes y servicios al megapuerto Corío”, dice la carta que Ruiz envió al gobernador.

Para Revelacion.pe, Fulgencio Ruiz acotó que esos días Isabel Escobar fue con un plano lotizado de la zona donde pretenden establecerse. “Les decía, pagan y eligen aquí su lote. Hay unas 70 personas que han pagado hasta donde conozco. Yo no estaba de acuerdo con ello, por eso les dije que iba a denunciar, para que a mi no me incluyan en ese delito”, contó el vicepresidente de Agroinc.
Ruiz contó que en ese momento del pago se les entregaba un recibo simple, “como esos que venden en las librerías”. Acusó que se encontraba Anika Quispe Mamani entregando los tickets tras el pago. Prueba de ello entregó fotos de la mujer vestida con chaleco de construcción civil.
“(El 13 de junio) Abren un plano. Y a mediodía aparecieron varios trabajadores del gobierno regional de Arequipa que trabajan en una obra. Entran todos y se inscriben. Una repartija. He visto que le han dado plata. A mí también me han dado para que no pitee mi pedazo de terreno. Pero yo le he dicho, con qué respaldo, con qué autorización, con qué resolución estás repartiendo. Ni siquiera hay una solicitud pidiendo que nos vendan los terrenos (el Gobierno)”, añadió.
Ruiz compartió fotos en las que se puede ver que en los terrenos que pretende Agroinc ya hay rocas marcadas y líneas de separación de predios. Esto a pesar de que no son dueños ni posesionarios.


Acusan a Ruiz de pugna
Revelacion.pe se comunicó con Juan Toledo Calderon, secretario de economía de Agroinc. Este señaló que desde enero de este año pidió ser separado de la mesa directiva de la asociación. Acusó que Fulgencio Ruiz lo indisponía e hizo lo mismo en otras asociaciones donde Ruiz es miembro, con el fin de apropiarse de la dirigencia. “Averigüen quién es ese señor. Tiene asociaciones en Yarabamba donde ya es conocido”, dijo Toledo Calderón.
Juan Toledo negó que se estuviese cobrando S/ 2.500 a los socios. “Es mentira. Es solo una cuota de S/ 500 que se paga en partes. Encima el señor Fulgencio no tiene pagada ninguna cuota. Pero yo no sé nada. No tengo conocimiento de si están juntando nuevos socios porque ya no participo. Solo sé lo que se hablan por el grupo de Whatsapp. Lo que Fulgencio quiere es indisponer a la junta directiva y ser el presidente”, añadió. Toledo agregó que el dinero que recaudan es para los trámites de formalización de la asociación. Anunció que junto a Isabel Escobar organizarán una conferencia de prensa para aclarar la situación.
Revelacion.pe intentó comunicarse por teléfono y whatsapp con Isabel Escobar, pero no respondió. Tampoco los mensajes que le dejamos.
En tanto, José Toledo Condori, esposo de Anika Quispe, y regidor del municipio provincial de Islay, negó las aseveraciones de Fulgencio Ruiz. “Lo que hay es una pugna por la asociación. Es entre la señora Isabel Escobar y Fulgencio Ruiz”, acusó. Señaló que su esposa no es directiva en Agroinc y que en las fotografías ella no toma un talonario de recibos, sino un cuaderno. “Ella no tiene nada que ver allí. Vamos a denunciar a Fulgencio Ruiz, porque está difamando”, añadió.



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Debe investigarse
Sobre este tema, los consejeros César Huamantuma y Miguel Ángel Linares indicaron que comunicarán a la Procuraduría Regional para que tome acciones. También solicitarán al gobernador Rohel Sánchez que informe sobre las acciones que ha tomado luego de haber recibido la denuncia de Fulgencio Ruiz. “Queremos ver si administrativamente se ha tomado alguna acción”, añadió Huamantuma.
En tanto, el especialista en derecho municipal, Jorge Sumari Buendía, señaló que la sola ocupación de un terreno del Estado significa un delito. “Si están invadiendo u ocupando un terreno rige el artículo 5 de la Ley 30230, que dice que sin necesidad de juicio se hace un desalojo administrativo. La Procuraduría Regional podría pedir apoyo a la policía y sacar a esa gente. Ahora si el gobernador ha tomado conocimiento y no ha informado a la procuradora entonces ya es grave”, indicó.
Sobre la venta de terrenos, señaló que es otro delito. “Nadie puede vender. Está prohibida la venta de terrenos. Es un delito de estafa. En ese sentido cualquier ciudadano tiene que denunciar al Ministerio Público para que intervenga. Se estaría haciendo tráfico de lotes”, puntualizó.
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