Ángel Mogrovejo denunció al gobernador Rohel Sánchez y el caso llegó al despacho de la fiscal Cristina Hurtado. Sin embargo, la letrada tuvo que inhibirse porque un mes después su esposo empezó a dar asesorías en el GRA por más de S/ 93 mil.
Ángel Mogrovejo Flores, exdocente de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), denunció al gobernador Rohel Sánchez y otros funcionarios de la casa de estudios por los delitos de denuncia calumniosa y otros delitos. El caso llegó al despacho de la fiscal Cristina Hurtado Mazeyra, titular de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Arequipa, pero tuvo que inhibirse porque un mes después su esposo fue contratado como asesor de la gerencia general del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Ahora, Mogrovejo denuncia que su caso pasó a la fiscal adjunta Lucía Luna, donde ha quedado estancado.
Destituciones abusivas
En 2019, a Angel Mogrovejo lo destituyeron como catedrático de la facultad de Educación de la Unsa. En ese momento, la gestión de Rohel Sánchez como rector de la casa de estudios, lo denunció por supuestos actos violentos contra un docente y peculado, por haberse apropiado indebidamente de S/ 6 mil de un proyecto en convenio con el Ministerio de Educación (Minedu).
Ambos casos pasaron a juicio en el Poder Judicial. En el primero Mogrovejo quedó absuelto debido a que el docente supuestamente agredido desmintió las acusaciones. Y en el segundo, el juicio está por terminar y Mogrovejo asegura que pasará lo mismo, pues tiene todas las pruebas que demuestran que no se apropió del dinero, sino que se utilizó para hacer los pagos respectivos del proyecto que estaba llevando a cabo.
Aun así, la gestión de Rohel Sanchez en la Unsa, decidió destituir a Mogrovejo de la docencia. “Ahora que salí absuelto hice una contrademanda por falsa denuncia y abuso de autoridad. Además, pido una reparación de todos los años que no he trabajado porque me han destituido abusivamente”, manifestó el exdocente universitario a Revelacion.pe.
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Denuncia cambio de favores
En diciembre del 2022 Mogrovejo interpuso una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Rohel Sánchez, el decano de la facultad de Educación Ernesto Cuadros Paz y otros funcionarios de la Unsa por los delitos de denuncia calumniosa, abuso de autoridad, falsedad genérica y falsedad ideológica. Además pide el pago de una indemnización de más de S/ 562 mil.
El caso llegó al despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa, que dirige la fiscal Cristina Hurtado.
Sin embargo, poco tiempo después el esposo de Hurtado, Christian Veliz Vizcardo, obtuvo un contrato en la gestión del ahora gobernador Rohel Sánchez. Según se sabe, como asesor legal del entonces gerente general del GRA, Leónidas Zavala. Según se supo, ambos trabajaron en la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) y se conocen de allí.
De acuerdo con las órdenes de servicio, hasta agosto del 2023, Veliz Vizcardo facturó 93 mil 287 soles. Es decir, un promedio de S/ 9.300 mensuales hasta octubre de 2023, cuando Zavala renunció y también salió Veliz.
La contratación de Veliz en el GRA, provocó que la fiscal Cristina Hurtado se inhibiera de seguir la denuncia que Mogrovejo interpuso en contra de Rohel Sánchez. Así lo señaló el 29 de febrero del 2023, mediante la disposición fiscal Nº 001 del caso.
En este documento señala que su esposo presta servicio externo al gobierno regional en consultoría externa y legal. Pero olvidó poner que esta consultoría inició un mes después de que la denuncia de Mogrovejo ingresó a su despacho. Y por este motivo, dice: “por causal de decoro” debe inhibirse de oficio “del conocimiento de la presente carpeta fiscal, debiendo abocarse el señor abogado Raúl Dario Bayona Goicochea en su condición de Fiscal Adjunto más antiguo de este Despacho Fiscal”. Aunque lo cierto es el caso fue tomado finalmente por la fiscal adjunta Lucía Luna Luna.
Luna declaró compleja la investigación y dispuso un plazo de 240 días para las diligencias. Además los primeros 60 días para recabar declaraciones de los involucrados e información a la Unsa respecto a la destitución de Mogrovejo.
Sin embargo, Mogrovejo indicó a Revelacion.pe que el caso ha quedado dormido, pues a más de 18 meses de iniciadas las investigaciones aún no se tiene claro el curso del caso. “Rohel Sánchez y otros investigados no han acudido a declarar y la fiscal no hace nada”, manifestó. Para el excatedrático, la contratación del esposo de la fiscal titular de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa en el GRA es lo que ha provocado un conflicto de intereses en favor del gobernador Sánchez.
Fiscal y esposo se defienden
Revelacion.pe se comunicó con la fiscal Hurtado. Ella señaló que el caso nunca estuvo asignado a ella, sino a la fiscal Lucia Luna. Detalló que al ser titular del despacho, ella es quien aprueba la apertura de las investigaciones. Al notar que el caso involucraba al gobernador Sánchez tuvo que inhibirse “por decoro”. “La ley de la carrera fiscal dice que si tengo familiares tengo que inhibirme por decoro. Mi carrera es transparente”, dijo.
Además, manifestó que no conoce al gobernador Rohel Sánchez, más que cualquier otro ciudadano. “Nunca he hablado con él ni lo conozco. Tampoco de la universidad, porque yo estudié en la Católica (Universidad Católica de Santa María), no tengo vínculo. El único vínculo es mi hermana que trabaja allí (como docente en la facultad de Educación)”, añadió.
En tanto, Christian Veliz señaló que llegó al gobierno regional por convocatoria de Leónidas Zavala. Porque se conocen desde su trabajo en Seal. “Me llama para que lo apoye. Lo hice hasta donde él estuvo. Renunció (Zavala) y yo también me fui con él”, dijo. Respecto a las fechas, entre la denuncia de Mogrovejo y su contratación en el GRA, dijo: “Han coincidido seguro las fechas. Y como tenía una relación contractual, (mi esposa) tenía que inhibirse. Más hubiese sido peor si ella hubiese seguido la investigación”. Además, dijo que no conocía a Rohel Sánchez, y su trabajo fue directamente con el exgerente Zavala.
En tanto, Revelacion.pe se comunicó con la fiscal Lucía Luna, pero no quiso declarar. Señaló que no puede dar información sobre los casos que lleva.
Mal precedente debe ser investigado
Al respecto, el especialista en gestión pública y derecho municipal Edgardo Lajo Paredes, señaló que el caso debe denunciarse a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. “Al parecer habría sustento, porque se habría generado un conflicto de intereses intencionado que ha beneficiado al gobernador Rohel Sánchez en una investigación. Las dudas son razonables, las sospechas tienen asidero y la tesis de que se ha provocado un conflicto de intereses es sólida”, indicó.
Además, el abogado indicó que se crea un mal precedente. “No es sano que familiares de fiscales entren a trabajar en entidades públicas investigadas. Eso ya está mal. Y si por eso está generando que se inhiban o se dilaten casos entonces ya es un crimen perfecto entre comillas”, finalizó.
