La presidenta Dina Boluarte confirma el inicio del proyecto minero Tía María, pero enfrenta oposición local.
La presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, anunció que el proyecto minero Tía María será una realidad. El anuncio lo hizo durante el Mensaje a la Nación del 28 de julio, por el 203 aniversario de la independiencia del Perú. Boluarte sostuvo que Tía María creará 9,000 puestos de trabajo durante la construcción y 4,800 empleos permanentes, tanto directos como indirectos durante su operación. La inversión de este proyecto se calcula en 1,400 millones de dólares.
Boluarte afirmó, «El proyecto Tía María generará 120,000 toneladas de cobre refinado al año y creará un significativo impacto económico en la región».
Según la presidenta, «El proyecto tiene una importancia vital para el relanzamiento de la inversión minera en Perú y para la consolidación del clima de inversión en general». A pesar de esto, el proyecto enfrenta una férrea oposición local.
«Tía María no constituye un proyecto impuesto, eso es una falsa narrativa enarbolada por reducidos sectores ideologizados que se resisten a admitir que la minería es la actividad que afianza el crecimiento económico de nuestro país, que aportará 400 millones de soles anuales para la Región Arequipa, por concepto de Canon y Regalías”, sostuvo la presidenta.
Reacciones en el Valle del Tambo
Richard Ale Cruz, alcalde provincial de Islay, expresó una fuerte oposición a la decisión de Boluarte. En una entrevista con Radio Yaraví, criticó duramente a la presidenta, a quien llamó «delincuente». Ale Cruz acusó a Boluarte de «cambiar su postura respecto al proyecto, a pesar de su promesa anterior de que Tía María no se llevaría a cabo».
Ale Cruz manifestó que «el proyecto Tía María no beneficiará al pueblo y que estamos sacrificando recursos valiosos para obtener ganancias a corto plazo». Afirmó que los ciudadanos deben «luchar por no regalar nuestra materia prima y proteger el futuro de nuestros jóvenes».
Ale Cruz defendió la postura de los ciudadanos del Valle del Tambo que se oponen al proyecto. Argumentó que «los beneficios prometidos por el Gobierno no justifican los posibles daños ambientales y sociales». Aseguró que su administración y la comunidad local están decididos a resistir el proyecto con todas las herramientas disponibles.
El alcalde también expresó su preocupación por la contaminación que se descubrió en los habitantes de la provincia de Islay. «La contaminación del río Tambo y la falta de respuesta de las autoridades competentes agravan la situación». En su opinión, la administración actual está favoreciendo «los intereses de grandes empresas mineras en detrimento de los derechos de la población local».
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