El uso adecuado del dinero del Estado no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con la ciudadanía. Cuando los recursos se manejan dentro del marco de la ley y con criterios de eficiencia, se fortalece la confianza en las instituciones y se garantiza que los servicios lleguen realmente a quienes los necesitan.
Editorial: La responsabilidad de administrar bien los recursos públicos
