El desacato de la Junta Nacional de Justicia a un mandato judicial y la negativa del Gobierno a cumplir el tratado de asilo en el caso Betssy Chávez exponen una grave erosión del Estado de Derecho. Estas acciones no solo vulneran principios constitucionales, sino que deterioran la imagen internacional del Perú y afectan su estabilidad política y económica.
Graffiti Político: El riesgo al descrédito internacional por anteponer personas a las instituciones
