El Congreso peruano ha dado un paso que ha desencadenado una ola de indignación entre las organizaciones indígenas. Con 81 votos a favor, se aprobó una ley que restringe el financiamiento y las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Una medida que, según los líderes indígenas, ataca directamente sus derechos y su acceso a la justicia. Promovida por el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, quien enfrenta cargos por las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori, la ley fue calificada como un «atropello» a las comunidades más vulnerables del país.
Las organizaciones indígenas no han tardado en reaccionar. El 14 de marzo, enviaron un oficio al Ejecutivo exigiendo la observación de la normativa, argumentando que no se respetó el proceso de consulta previa. Danitza Quispe, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), fue clara: «Sentimos que no hay justicia en el país. Quienes nos han apoyado son las cooperaciones internacionales». Si el gobierno no responde, las comunidades han anunciado movilizaciones y marchas a nivel nacional.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta ley es su impacto en casos históricos de violaciones de derechos humanos. Lourdes Huanca, de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas (Fenmucarinap), señaló que procesos judiciales clave podrían quedar impunes. Tales como las esterilizaciones forzadas y las muertes durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. «Este gobierno es despreciable, no comprende que tenemos derechos», afirmó Huanca. En su rostro se reflejó la frustración de miles de personas que dependen del apoyo legal de ONG internacionales.
Jorge Pérez, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), advirtió que la ley deja a los pueblos indígenas en una situación de vulnerabilidad extrema. «No podremos usar fondos de cooperación internacional para contratar abogados que nos defiendan ante los atropellos del Estado», explicó. Esto afectaría directamente casos emblemáticos como el de Saweto, donde líderes indígenas perdieron la vida defendiendo sus tierras. Rocío Trujillo, abogada de Aidesep, recordó que, tras una década, el Estado aún no cumple con el plan de acción Saweto, y esta ley podría empeorar la situación.
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La normativa también otorga poderes amplios a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Permitiéndole supervisar, denunciar y sancionar a las ONG, incluso con multas o la cancelación de sus operaciones. Durante la votación, bancadas como Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso y Perú Libre respaldaron la iniciativa, mientras que Juntos por el Perú y el Bloque Democrático Popular se opusieron. Esta división refleja la polarización en torno a un tema que toca fibras sensibles en la lucha por los derechos humanos y la justicia social.
Para las comunidades indígenas, esta ley no es solo un obstáculo legal, sino un ataque directo a su supervivencia y dignidad. Con el apoyo de ONG internacionales, han logrado avances significativos en la defensa de sus tierras, sus derechos y su cultura. Ahora, enfrentan la posibilidad de quedar desprotegidos en una batalla que parece desigual. La pregunta que queda en el aire es: ¿está el gobierno dispuesto a escuchar a quienes históricamente han sido marginados, o seguirá ignorando sus voces?
El futuro de los pueblos indígenas y su lucha por la justicia está en juego. Mientras tanto, las calles del Perú podrían convertirse en el escenario de una nueva ola de protestas, donde las voces de los olvidados exigen ser escuchadas.
