Pedro Castillo, el expresidente peruano, ingresó de emergencia al Hospital II Vitarte este jueves 13 de marzo tras sufrir una descompensación. El exmandatario presenta dificultades para hablar y escuchar, según reveló el congresista Roberto Sánchez. Esto tras iniciar una huelga de hambre el lunes 10 de marzo como protesta por el juicio en su contra.
Durante la audiencia judicial, la jueza suprema Norma Carbajal informó que Castillo se encuentra estable y sin signos de deshidratación. Pero confirmó que fue evacuado del penal de Barbadillo con un diagnóstico de «trastorno del sensorio, etiología a determinar». A pesar de su estado, la jueza decidió no suspender el juicio, calificando la huelga de hambre como una «conducta prohibida» por el código de ejecución penal.
Roberto Sánchez, exministro de Turismo y Comercio Exterior durante el gobierno de Castillo, expresó su preocupación por el estado de salud del exmandatario. «Apenas escucha, apenas puede hablar», dijo Sánchez tras visitarlo en el hospital. Además, pidió su traslado al Hospital Rebagliati, donde podría recibir una atención más especializada.
La familia de Castillo también manifestó su inquietud. Su hermana, Gloria Castillo, logró verlo en el hospital, mientras sus hijos, desde México, instaron a que deponga la huelga de hambre. Sin embargo, Sánchez advirtió que el expresidente mantiene firme su decisión de continuar con la protesta.
En paralelo, la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, denunció haber sufrido lesiones durante su traslado al centro penitenciario. Chávez aseguró que cayó dentro de una ambulancia en movimiento, lo que le causó hematomas en el rostro, brazos y piernas. La jueza Carbajal ordenó que un médico legista la evalúe, mientras Chávez insistió en que se respeten sus derechos durante los traslados.
El caso de Castillo sigue generando controversia, no solo por su estado de salud, sino también por las implicaciones políticas y judiciales que rodean su juicio. Mientras sus allegados exigen priorizar su bienestar, el Poder Judicial mantiene firme su postura de continuar con el proceso, lo que profundiza el debate sobre los límites entre la justicia y los derechos humanos.
