En una sesión que ha levantado ampollas en la sociedad civil, el Congreso de la República aprobó este miércoles 12 de marzo la denominada «Ley anti ONG». Con 82 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones, la norma generó críticas por abrir la puerta a la judicialización de organizaciones no gubernamentales. Además de limitar su capacidad para defender a víctimas de violaciones de derechos humanos.
La ley, que fue exonerada de una segunda votación, considera como falta grave el litigio contra el Estado. Esto significa que las ONG no podrán patrocinar o asesorar legalmente a víctimas de abusos, tanto a nivel nacional como internacional. Casos emblemáticos, como el de Azul Rojas Marín, una mujer trans que denunció tortura y violencia sexual por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), podrían quedar sin representación legal.
Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), advierte que esta norma afectará casos históricos. Tales como los de la época del conflicto armado interno, crímenes de lesa humanidad y protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. «Las víctimas perderán a sus abogados», lamenta Rivera, y destaca que estas organizaciones defendieron históricamente a las poblaciones vulnerables.
Uno de los cambios más polémicos es el nuevo poder otorgado a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Ahora, la APCI tendrá que aprobar previamente los planes y programas de las ONG que reciben cooperación internacional. Rivera califica esto como una intromisión del Estado en actividades privadas. Comparándolo con «decirle a un medio qué puede publicar o a una empresa qué puede producir».
Ante esta situación, organizaciones de derechos humanos ya evalúan presentar acciones legales, incluyendo una posible demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Rivera no duda en calificar la ley como «lo más inconstitucional desde las leyes de Amnistía de 1995». Y acusó al gobierno y al fujimorismo de buscar dejar sin defensa a las víctimas de violaciones históricas.
Los intereses detrás de esta norma parecen estar ligados a la agenda política del fujimorismo y el gobierno de Boluarte. Rivera sostiene que las últimas incorporaciones al dictamen buscan proteger a militares implicados en violaciones de derechos humanos. Quienes no han ganado ningún caso hasta ahora. «No veo ninguna posibilidad de observación del ejecutivo», concluye, señalando un preocupante retroceso en la defensa de los derechos fundamentales en el Perú.
Esta ley no solo marca un antes y un después en el trabajo de las ONG, sino que también plantea serias dudas sobre el futuro de la justicia y los derechos humanos en el país. ¿Estamos ante un control necesario o un intento de silenciar a quienes defienden a los más vulnerables?
