La justicia peruana ha dado un golpe contundente a la corrupción. Este miércoles 12 de marzo, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Daniel Salaverry, expresidente del Congreso, a ocho años de prisión efectiva por el delito de peculado doloso. La magistrada Norma Carbajal, quien lideró el fallo, confirmó también la inhabilitación de Salaverry por cinco años para ejercer cargos públicos. De esta forma se marca un precedente en la lucha contra el mal uso de fondos estatales.
El fallo, emitido en una audiencia preliminar, se encuentra suspendido hasta el 21 de marzo, fecha en la que se espera su confirmación definitiva. Mientras tanto, Salaverry deberá cumplir con una serie de reglas de conducta estrictas. Como presentarse mensualmente ante la autoridad judicial para controles biométricos y no ausentarse de su lugar de residencia sin autorización. Cualquier incumplimiento podría revocar la suspensión provisional de su condena.
Además de la pena de prisión, la sentencia incluye sanciones económicas significativas. Salaverry deberá pagar una indemnización de S/ 119,578 al Estado y una multa de 360 días, equivalente a S/ 71,699. Estas medidas buscan reparar el daño causado por el uso irregular de S/ 10,000, fondos asignados para la semana de representación durante su periodo como congresista de Fuerza Popular entre 2017 y 2018.
El caso se centra en cuatro periodos específicos: noviembre y diciembre de 2017, y enero y marzo de 2018. Según el Ministerio Público, Salaverry no asistió a las actividades programadas en su región de representación, La Libertad, y tampoco devolvió los fondos asignados. Estas acciones constituyen el núcleo de las acusaciones de peculado doloso, un delito que atenta directamente contra la confianza pública y el uso transparente de los recursos estatales.
La semana de representación es un mecanismo clave para que los congresistas mantengan contacto directo con sus electores y supervisen las necesidades de sus regiones. Sin embargo, casos como el de Salaverry exponen fallas en el sistema y plantean interrogantes sobre la transparencia en el manejo de estos recursos. Este fallo judicial refuerza la necesidad de mayores controles y rendición de cuentas en el uso de fondos públicos.
Daniel Salaverry, quien inició su carrera política en 2016 como congresista por La Libertad, llegó a ser presidente del Congreso en 2018. Posteriormente, en 2020, intentó llegar a la presidencia de la República como candidato de Somos Perú, en una fórmula que incluía al expresidente Martín Vizcarra. Sin embargo, su carrera política ahora enfrenta un revés histórico, marcado por esta condena que sienta un precedente en la lucha contra la corrupción en el Perú.
