El Pleno del Congreso de la República aprobó la restitución de la figura de la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia. Esto con una contundente mayoría de 86 votos a favor y solo 6 en contra. Esta decisión modifica el literal a) del numeral 1 del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal, establecido en el Decreto Legislativo 957. Además,no requirió segunda votación al tratarse de un dictamen de insistencia.
El presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, explicó que la aprobación se realizó bajo los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Constitución Política y el artículo 79 del Reglamento del Congreso. La medida busca permitir que los jueces, a solicitud del fiscal, puedan ordenar la detención de una persona investigada por delitos graves. Incluso cuando no haya sido sorprendida en flagrancia, siempre que existan indicios razonables de fuga o de obstaculización a la investigación.
Durante el debate, el congresista Flavio Cruz (Perú Libre) propuso un cuarto intermedio. Esto con el fin de delimitar con mayor precisión los delitos y conductas que deberían ser incluidos en la aplicación de esta figura. Sin embargo, su pedido no fue considerado. Esto generó críticas entre quienes consideran que la medida podría ser aplicada de manera discrecional y afectar derechos fundamentales.
La iniciativa, que había sido observada previamente por el Poder Ejecutivo, fue respaldada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el pasado 5 de febrero. Su aprobación final en el Pleno refleja la voluntad de la mayoría legislativa de fortalecer las herramientas del sistema judicial para combatir la delincuencia. Especialmente en casos de delitos graves sancionados con penas privativas de libertad superiores a cuatro años.
El texto aprobado establece que el juez de la investigación preparatoria podrá emitir una resolución motivada para dictar mandato de detención preliminar. Esto cuando existan elementos razonables que vinculen a una persona con un delito. Y se considere que hay riesgo de fuga o de obstaculización a la investigación. Esta modificación ha sido defendida como necesaria para garantizar la eficacia de la justicia, pero también ha despertado preocupaciones sobre su posible uso excesivo.
Mientras algunos sectores celebran la medida como un avance en la lucha contra la impunidad, organizaciones de derechos humanos y expertos jurídicos advierten sobre los riesgos de afectar el principio de presunción de inocencia. El debate sobre el equilibrio entre seguridad y garantías individuales sigue abierto, y la implementación de esta figura será clave para determinar su impacto real en el sistema de justicia peruano.
