Una nueva pugna se desata entre el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y el Consejo Regional de Arequipa (CRA). Sucede que el gobernador Rohel Sánchez confrontó a los consejeros durante el proceso de interpelación al gerente de Energía y Minas, Iván Prado Barreto. Aduce la inconstitucionalidad en esta propuesta; mientras que los fiscalizadores respondieron negando la confianza a su funcionario.
La riña política empezó tras la aprobación de un pliego interpelatorio contra Prado. Este es acusado de hacer desplante a la comisión de Energía y Minas del CRA, presidida por la consejera Nila Roncalla, y de frecuentar un prostíbulo en Caravelí durante una comisión de servicios. La media fue aprobada por el Pleno por unanimidad en la última sesión ordinaria, desarrollada el pasado 24 de febrero.
Enfrentados por Prado
El gerente Iván Prado tenía que comparecer ante el Pleno de consejeros. Sin embargo, no asistió a la citación extraordinaria convocada para el 6 de marzo. El pretexto del gobernador por la ausencia de su funcionario fue atribuir un quiebre constitucional en la figura que buscaba la interpelación. Desde el GRA respondieron con un oficio escueto y elaborado a conveniencia por el área de Asesoría Jurídica.
“La herramienta de interpelación, comprendida en el Reglamento Interno de Consejo, carecería de sustento legal y contravendría las atribuciones establecidas en la ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, concordante con la Constitución Política del Perú, una competencia que se encuentra fuera de su ámbito y que es exclusiva del Congreso de la República, en el ámbito de las relaciones del gobierno nacional, entre el Poder Ejecutivo y Legislativo”, se desprende el oficio N° 087-2025-GRA/GR.
Sin embargo, los parlamentarios regionales lo consideran una afrenta a su investidura. Toda vez que existe la ordenanza regional N° 342 – AREQUIPA, que tiene carácter de ley, donde se detalla que “el funcionario interpelado expondrá las respuestas al pliego interpelatorio durante la sesión, a cuyo término, los consejeros podrán formular las repreguntas que consideren pertinentes, las mismas que deben ser respondidas de inmediato”.
La norma de ámbito regional también les otorga facultades a los consejeros de quitarle la confianza a un gerente. Esto siempre y cuando la mayoría esté disconforme tras los cuestionamientos. Como consecuencia, el funcionario tendrá que ser removido de su cargo por el gobernador regional.
“El pronunciamiento en sentido de conformidad con la gestión y/o conducta del funcionario podrá además expresar las recomendaciones que le haga el Consejo para mejorar el desempeño de su cargo. El pronunciamiento en sentido de disconformidad significará la censura o rechazo de la gestión del funcionario, generando la obligación del Ejecutivo Regional de remover de su cargo al interpelado en un término de 5 días hábiles”, se extrae de la ordenanza.
Evalúan denuncias
Tanto los consejeros como el gobernador y su gerente no dan su brazo a torcer. Ahora, por unanimidad, Iván Prado fue censurado y deberá dejar el cargo durante los próximos 5 días. Aunque no se sabe si Rohel Sánchez Sánchez seguirá manteniéndolo en el cargo y pasará por alto las decisiones del órgano legislativo. En todo caso, César Huamantuma y Marleny Arminta ya expresaron su sugerencia de denunciarlos por omisión de funciones y desacato a la autoridad.
“Las ordenanzas son leyes. El señor (Iván Prado) no se presentó. Aquí ha habido una omisión de funciones y un desacato a la autoridad. El Consejo Regional es autoridad. No lo vamos a permitir. Al señor se le tiene que hacer una denuncia, no podemos pasar por alto esta falta de respeto”, declaró la consejera Marleny Arminta.
“Es una falta de respeto. Es lamentable que mantengan a este tipo de funcionarios. Hay una ordenanza y tiene que cumplirse. Ese tipo de funcionarios nefastos. El Consejo tiene que hacer valer sus derechos con las denuncias que correspondan, porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados ante este tipo de funcionarios”, expresó su colega César Huamantuma Alarcón.
Por su parte, el abogado especialista en derecho constitucional, Jorge Luis Mamani Huanca, explicó que los consejeros, a diferencia del Congreso de la República, tienen restricciones para censuras a los funcionarios de confianza. “No tienen la capacidad de interpelación. En cambio, pudieron haber aplicado otra figura que es la capacidad de solicitar que absuelva preguntas, ya que hubo una reforma en el 2022 a la Ley Orgánica. No tienen la facultad de interpelación como sí la tienen los congresistas”, dijo a Revelación.pe.
Lo cierto es que el Legislativo y Ejecutivo regional permanecen enfrascados en esta confrontación política. Y el gobernador, como muchas otras veces, hace como si no importara la institucionalidad del Consejo Regional de Arequipa.
