El consejero regional por Arequipa, César Huamantuma, denunció graves irregularidades en la Autoridad Regional Ambiental de Arequipa (ARMA o Gerencia Regional Ambiental). Sucede que dos trabajadoras habrían cobrado S/32 mil cada una por informes técnicos que no realizaron. Lucía Pérez Acevedo y Dina Cóndor Sánchez fueron contratadas en 2024 para evaluar instrumentos de gestión ambiental (IGAFON) en el marco de la formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Sin embargo, una investigación detallada del consejero reveló inconsistencias en sus documentos y presuntas prácticas irregulares.
Huamantuma explicó que las trabajadoras presentaron informes que no correspondían a sus labores. “Hemos verificado que los informes que debían presentar pertenecen a otras personas. Les pagaron por trabajos que no hicieron”, afirmó. Además, identificó firmas diferentes en los documentos y duplicaciones de informes, lo que sugiere posibles plagios. “Esto está debidamente documentado. No es una denuncia verbal”, aseguró.
«Además, en la Gerencia Regional Ambiental (o ARMA) los trabajadores dicen que las conocen», remarcó el legislador regional, quien también destacó que en los términos de referencia se les pide trabajo mixto (remoto y presencial). Esto podría, por lo menos, incrementar las sospechas de que se trataría de trabajadoras fantasma.
Les aumentaron el sueldo
Las irregularidades incluyen un incremento salarial injustificado. Tanto Pérez Acevedo como Cóndor Sánchez recibieron 18 mil soles, en tres armadas de 6 mil soles mensuales, con la obligación de presentar al menos 20 informes por mes. Sin embargo, en su segundo servicio, el número de informes requeridos se redujo a 10, pero su sueldo aumentó a S/ 7 mil soles mensuales. “Les pagaron más por hacer menos”, criticó Huamantuma.
La investigación del consejero también reveló que los informes presentados no estaban registrados en el sistema de gestión documentaria del Gobierno Regional. Por ejemplo, el primer informe de Pérez Acevedo data del 16 de agosto de 2024, aunque inició labores el 10 de mayo. En el caso de Cóndor Sánchez, su primer informe fue registrado el 12 de junio, a pesar de haber comenzado a trabajar el 26 de abril. Estas incongruencias generan dudas sobre la autenticidad de los documentos.
Además, se detectaron discrepancias en las firmas de los informes, lo que sugiere que no todas fueron realizadas por la misma persona. “Las firmas no coinciden. Esto debe ser investigado por peritos judiciales”, señaló Huamantuma.
En el caso de Lucía Pérez Acebedo, «se detectó que no se generaron los informes correspondientes para el pago de la segunda armada, a pesar de que se realizó un pago sin los informes técnicos previos, contraviniendo los procedimientos establecidos», detalló el consejero.
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Los responsables
Huamantuma responsabilizó al gerente de la Gerencia Regional Ambiental-ARMA, Fernando Mejía Vargas, y al subgerente de Calidad Ambiental, Jacob Edwin Salazar Aldana, por no verificar la autenticidad de los trabajos. “Ellos deben responder por autorizar pagos sin cumplir los procedimientos”, declaró. Según la Ley de Contrataciones del Estado (TUO de la Ley N.° 30225), las conformidades debían contar con validación técnica antes del pago. Sin embargo, esto no habría ocurrido, lo que podría constituir una falta disciplinaria.
El consejero presentará un informe detallado al Ministerio Público y a la Contraloría General para una auditoría completa. “Hemos agarrado dos casos, pero no sabemos cuántos más hay. Esto debe esclarecerse”, afirmó. El caso podría configurar delitos como colusión, falsificación de documentos y omisión de funciones.
“Esto no puede quedar impune. Estamos hablando de recursos públicos mal utilizados”, concluyó Huamantuma. La denuncia será formalizada en la próxima sesión ordinaria del Consejo Regional, y se espera que las autoridades competentes inicien una investigación exhaustiva.
Al respecto el Gerente Regional de Medioambiente-ARMA, Fernando Mejía Vargas, respondió a la denuncia del consejero Huamantuma usando sus redes sociales. Colocó un comentario a la publicación que hiciera un medio digital. «Consejero trasnochado, debe aprender a evaluar y así se enterará que existe SISGEDO compartido; y un especialista hace admisibilidad y otro evalúa técnicamente, luego pasa a área legal y también por control de calidad, así como por administración y luego por logística. El tema técnico no puede ser mezclado con el político… Infórmese más consejero, dan pena sus informaciones o cambie sus informantes», escribió.
