La Contraloría General de la República ha dejado en evidencia en varias oportunidades que la gestión del alcalde de Socabaya Roberto Muñoz Pinto se cae a pedazos. Esta vez el órgano de control ha publicado tres informes en los que evidencia serias irregularidades en el control de los profesores de las vacaciones útiles, el uso irregular de una camioneta del área de Desarrollo Social de la comuna y la baja ejecución presupuestal de la municipalidad.
Tercero manejó camioneta
Una camioneta Nissan Frontier de placa EAF 959, propiedad de la Municipalidad Distrital de Socabaya, fue utilizada de manera irregular en enero de 2025. El vehículo, asignado a la Gerencia de Desarrollo Social, salió del depósito municipal en varias ocasiones sin los registros adecuados de kilometraje y combustible. Además, fue conducido por Walter Marcos Vásquez Huamani, una persona sin contrato laboral ni autorización formal.
La gerente de Desarrollo Social, Tatiana Muto Galdos, admitió que contactó a Vásquez Huamani de manera informal como «voluntario» para apoyar en labores de transporte, en el marco del programa de «Vacaciones Útiles 2025», sin seguir los procedimientos regulares. Durante los días 11 al 13 de enero y el 22 de enero, el vehículo se usó en actividades como el traslado de materiales deportivos y la entrega de donaciones, pero no se registraron los detalles de su uso.
El uso de un vehículo municipal por personal no autorizado expone a la comuna a posibles responsabilidades legales y financieras en caso de accidentes o daños. Además, el informe refleja la falta de supervisión por parte de la Oficina de Administración, encargada de garantizar el uso adecuado de los bienes patrimoniales.
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¿Cómo les pagarán?
Además, otra inspección a la municipalidad, en el programa «Vacaciones Útiles 2025», reveló graves inconsistencias en los registros de asistencia de los profesores a cargo contratados como locadores de servicios. Según el informe de control, varios profesores y asistentes no registraron su asistencia o cometieron errores en los formatos, como omitir horas de entrada y salida, o incluso figurar en cargos incorrectos. Ello podría comprometer los sustentos para dar conformidad a sus servicios por lo que el municipio tendría dificultades para pagar sus honorarios a tiempo, o en el peor de los casos no reconocer el servicio.
Baja ejecución
Por otro lado, otro informe reciente de la Contraloría revela la baja ejecución presupuestal de la comuna durante el 2024. La Municipalidad Distrital de Socabaya, en Arequipa, no ejecutó el 30.6% de su presupuesto asignado para el año fiscal 2024, según datos del Portal de Transparencia Económica Perú.
Del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 128,986,540, la entidad solo gastó S/ 89,492,751, lo que representa un 69.4% de ejecución. Este incumplimiento, equivalente a S/ 39,493,789.
Estos hallazgos no solo exponen una gestión municipal deficiente, sino que también reflejan un patrón de desorganización y falta de control en la administración de Socabaya, supuestamente liderada por el alcalde Juan Roberto Muñoz. Queda en evidencia que la comuna enfrenta serios desafíos en transparencia y eficiencia.
