Las empresas de los hermanos Carlos y Eduardo Castro Yangali continuaron recibiendo millonarios contratos de Qali Warma pese a haber importado conservas de pollo y pavita que no eran aptas para el consumo. Así lo reveló una investigación que señala que, durante la gestión de Fredy Hinojosa como director del programa de alimentación escolar, los empresarios acumularon S/418 millones entre 2020 y 2023.
En 2019, Qali Warma detectó que Procesadora de Alimentos del Centro, una de las empresas de los Castro Yangali, había importado desde Estados Unidos conservas con envases defectuosos. Un informe de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) concluyó en 2020 que los productos no eran seguros para el consumo.
A pesar de ello, las empresas de los hermanos Castro no fueron sancionadas y continuaron contratando con el Estado. En 2020, facturaron S/22 millones; en 2021, S/86,7 millones; en 2022, S/159,5 millones; y en 2023, S/158,7 millones. Incluso en 2024 y lo que va del 2025, han sumado contratos por más de S/195 millones.
Otros proveedores de Qali Warma denunciaron que, por casos menores, se les impidió seguir contratando. Sin embargo, los Castro Yangali siguieron vendiendo a través de diferentes empresas y mantuvieron una relación privilegiada con el programa estatal, ahora denominado Wasi Mikuna.
Sospechas de favorecimiento
El caso ha generado sospechas de un posible favorecimiento por parte de la gestión de Hinojosa. Una colaboradora eficaz afirmó que los hermanos Castro pagaban S/250.000 para obtener ventajas en las adjudicaciones. El exdirector de Qali Warma ha negado estas acusaciones y calificado las investigaciones como una «campaña de desprestigio».
Cuando se detectaron las conservas en mal estado, los empresarios intentaron responsabilizar a Qali Warma, argumentando que los productos fueron adquiridos bajo sus especificaciones técnicas. Sin embargo, las autoridades sanitarias confirmaron que representaban un riesgo para los escolares.
A pesar de los cuestionamientos, las empresas de los hermanos Castro Yangali siguen operando sin restricciones. Mientras tanto, el caso reaviva el debate sobre la transparencia en los contratos del programa de alimentación escolar y la protección de la salud de miles de niños beneficiarios.
