La Academia de la Magistratura (AMAG) se encuentra en el ojo del huracán. Esto tras revelarse que ofreció maestrías sin licencia a jueces y fiscales, en un escándalo que traspasa fronteras. Los programas, organizados en colaboración con la Universidad de Jaén (España), fueron declarados nulos por la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu). Entidad que además impuso una multa de 87 mil 217.38 soles a la AMAG.
Las maestrías, tituladas «Magistratura contemporánea: justicia del siglo XXI», se promocionaron como una oportunidad para que los participantes obtuvieran puntos y ascensos en sus carreras judiciales. Sin embargo, Sunedu descubrió que la AMAG no contaba con la autorización necesaria para impartir educación superior universitaria. Esto los convierte a estos programas en ilegales.
El escándalo tiene ramificaciones internacionales, ya que la Universidad de Jaén estuvo involucrada en la emisión de los títulos. Sunedu ha informado a las autoridades españolas sobre el caso. Esto incluye a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España. Se espera que tomen las medidas correspondientes.
La AMAG, por su parte, ha intentado defenderse argumentando que, como institución autónoma, no necesita acreditación de Sunedu para capacitar a magistrados. Sin embargo, la superintendencia ha rechazado este argumento. Y ha señalado que la AMAG operó como proveedora de servicios educativos universitarios al gestionar la difusión, admisión y dictado de las maestrías.
Los afectados, cuyas identidades se mantienen en reserva, pagaron hasta 1,600 dólares por el programa, además de gastos administrativos. Muchos utilizaron los certificados para mejorar sus posiciones en concursos judiciales, lo que ahora podría generar complicaciones legales y profesionales.
La actual directiva de la AMAG ha solicitado a la Contraloría General de la República que investigue las responsabilidades en este caso. Especialmente en lo que respecta a los convenios firmados con la Universidad de Jaén durante la gestión de Pedro Chávarry y otros exfuncionarios.
Este caso expone las fallas en la supervisión de la educación superior en el Perú. Pero también plantea serias dudas sobre la integridad del sistema judicial. La Sunedu ha dejado claro que no cuestiona las funciones de la AMAG, pero insiste en que cualquier programa de educación superior debe cumplir con la ley universitaria. El escándalo sigue abierto, y sus consecuencias podrían extenderse por años.
