Juan Luis Cipriani, exarzobispo de Lima y primer cardenal del Opus Dei en el Perú, enfrenta al menos tres denuncias de abuso sexual cometidos en Lima y Ayacucho. Así lo señaló la periodista Paola Ugaz, coautora del libro Mitad monjes, mitad soldados. Según Ugaz, estos casos datan desde la década de 1980 y fueron presentados al Vaticano, aunque no está claro qué tratamiento recibieron.
En una entrevista, Ugaz afirmó que tiene conocimiento de estas acusaciones desde hace 25 años. Los casos habrían llevado al Papa Francisco a sancionar a Cipriani con medidas disciplinarias. Estas restringieron sus actividades públicas, residencia y el uso de insignias religiosas en 2018.
Una de las denuncias más recientes fue publicada por El País, donde un hombre de 58 años relató haber sido víctima de abuso en 1983, cuando tenía 16 años. Esto pasó durante una confesión en un centro para estudiantes en Lima. El denunciante expresó que busca que la Iglesia aparte a Cipriani de sus funciones.
Cipriani, por su parte, negó las acusaciones y criticó la publicación de información confidencial sobre el caso. Según él, la Santa Sede le pidió manejar con reserva. En un comunicado, aseguró que “no ha cometido ningún delito ni abuso sexual” y que retomó tareas pastorales tras una audiencia con el Papa.
El vicario regional del Opus Dei en Perú, Ángel Gómez-Hortigüela, ofreció disculpas por no haber atendido adecuadamente a la víctima en su momento. Sin embargo, la Conferencia Episcopal Peruana no ha emitido pronunciamiento alguno, manteniendo el silencio institucional sobre las denuncias.
Ratifican denuncia
El periodista José Enrique Escardó, primer denunciante del Sodalicio de Vida Cristiana, recordó que Cipriani también fue señalado por encubrir los abusos cometidos por miembros de esa organización. “Para mí no es nuevo; hace años se sabía de sanciones en el Vaticano por casos de violencia sexual”, indicó Escardó.
La revelación de estas denuncias reabre el debate sobre la responsabilidad de la Iglesia en el manejo de casos de abuso sexual y los mecanismos para garantizar justicia a las víctimas. Mientras tanto, el silencio de la jerarquía eclesiástica peruana mantiene en la incertidumbre las medidas que puedan tomarse contra Cipriani.