El hospital Goyeneche inició este jueves una investigación interna para determinar posibles irregularidades en una cirugía practicada a Reina Choquehuanca, una madre de 28 años. Según su denuncia, las intervenciones quirúrgicas realizadas entre el 31 de diciembre de 2024 y el 2 de enero de este año dejaron consecuencias graves, incluyendo la pérdida del útero y un ovario, y pusieron en riesgo su vida.
La paciente fue diagnosticada inicialmente con un embarazo no evolutivo por el ginecólogo José Galindo Paredes. Sin embargo, el caso se complicó por lo que fue derivada al hospital. En el tópico del nosocomio, según Xiomara Pulls Mayorga, abogada de la agraviada, una técnica intentó realizar un legrado que provocó una hemorragia severa. Esto obligó a trasladar a Choquehuanca a una cirugía, donde el médico César Chipana intervino, dejando al ovario mal saturado, lo que agravó la salud de la paciente.
Ante la hemorragia persistente, el 2 de enero fue sometida a una segunda operación a cargo del médico Carlos Caracela. «Es el médico que le salvó la vida; encontró a mi patrocinada desangrándose. Tuvo que retirar uno de sus ovarios para evitar mayores complicaciones», relató Pulls. Sin embargo, señaló que el caso está lleno de irregularidades: «La historia clínica está incompleta; faltan registros cruciales como la ecografía inicial. Además, se han alterado folios, dificultando identificar a todos los responsables».
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Investigación
El director del hospital, Francisco Delgado aseguró que se ha «convocado a los jefes de departamento y a los servicios involucrados. A cada participante en las intervenciones se le ha solicitado un informe detallado, tanto escrito como verbal. Estos documentos se evaluarán minuciosamente para determinar si las actuaciones siguieron las guías clínicas establecidas», afirmó.
Delgado explicó que la dirección no puede adelantar juicios ni aplicar sanciones sin evidencias concluyentes. «No somos jueces, pero estamos comprometidos con garantizar que el caso sea investigado con rigor científico. Una vez completada la evaluación administrativa, cualquier indicio de negligencia será derivado a las instancias competentes, como procesos administrativos internos o incluso denuncias penales», agregó. El director también comentó que se ha establecido un plazo de una semana para analizar la información recolectada.
El caso ha reavivado la preocupación sobre el cumplimiento de protocolos en los hospitales de la región, donde ya se han reportado denuncias previas por presuntas negligencias.
