El Gobierno de Dina Boluarte, a través del Ministerio del Interior, anunció la inminente observación de la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia. Tras 25 días de incertidumbre, el ministro Juan José Santivañez adelantó objeciones técnicas para reformular la norma aprobada por el Congreso en diciembre.
La demora ha generado críticas. Esto debido a que la medida es clave en investigaciones de alto perfil, como el caso Qali Warma y otros relacionados con presunta corrupción y crimen organizado. Pese a los cuestionamientos, el Congreso aún no evaluará la norma hasta marzo, prolongando el vacío legal.
Santivañez justificó las objeciones presentadas, señalando que no son caprichosas sino técnicas, para evitar inconsistencias legales. «No se puede avalar una detención por un delito cuya sanción penal no supera los cinco años», precisó, subrayando la importancia de un marco legal sólido.
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A pesar de la incertidumbre, el ministro aclaró que la ausencia de esta ley no impide al Ministerio Público solicitar medidas como la prisión preventiva en casos graves. Sin embargo, la falta de una herramienta legal ágil complica el avance de investigaciones urgentes.
El Ejecutivo enfrenta presiones del Legislativo para promulgar la norma sin más demoras. Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, criticó la falta de acción y exigió al gobierno resolver la situación. La posibilidad de que el Congreso apruebe la ley por insistencia no está descartada.
Hasta ahora, solo Santivañez y el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, han hablado sobre el tema, mientras la presidenta Dina Boluarte mantiene silencio. «El plazo vence el 14 de enero, antes de esa fecha nos pronunciaremos», prometió Adrianzén, defendiendo la demora del Ejecutivo.
La falta de un pronunciamiento claro genera incertidumbre en la lucha contra la criminalidad organizada, uno de los objetivos prioritarios del gobierno. Con el tiempo en contra, la tensión entre el Ejecutivo y Legislativo sigue en aumento.
