En la región Puno, cientos de personas salieron a las calles para recordar a las víctimas del enfrentamiento que ocurrió el 9 de enero de 2023, cuando la población intentó tomar el aeropuerto de Juliaca como acto de protesta contra el Gobierno. La jornada dejó un saldo de 18 civiles fallecidos y un policía muerto, además de numerosos heridos. Este hecho marcó uno de los episodios más trágicos en la historia de la región.
El acto conmemorativo inició con una misa en honor a las víctimas y continuó con movilizaciones por las principales calles de la ciudad. Los familiares de los fallecidos portaban fotos y pancartas, exigiendo justicia. Recuerdan la deuda pendiente del Estado con los afectados por los hechos violentos ocurridos hace dos años.
Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Víctimas del 9 de enero, criticó duramente la falta de avances en las investigaciones. Indicó que todavía no hay sanciones contra los responsables. Según Samillán, el dolor de las familias sigue intacto, y la indiferencia estatal perpetúa la sensación de impunidad que reina en la región.
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La conmemoración atrajo a delegaciones de diversas provincias y colectivos sociales que se sumaron a las actividades. Esto evidencia que el descontento con el manejo del caso trasciende las fronteras de Puno, convirtiéndose en una causa nacional que demanda justicia para las víctimas y sus familias.
Las demandas de los manifestantes se centran en el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables directos de la represión y el resarcimiento a las familias afectadas. Sin embargo, pese a las constantes protestas y exigencias, las respuestas del Estado han sido insuficientes y desalentadoras.
El caso del 9 de enero en Juliaca se ha convertido en un símbolo del reclamo social en el sur del país. Las movilizaciones de este aniversario no solo buscan justicia para las víctimas, sino también evitar que tragedias similares se repitan. La memoria colectiva sigue viva, y la exigencia de justicia, aún pendiente.
