El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que no existen aún elementos suficientes para incluir a Nicanor Boluarte en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior. Esto ocurre pese a que Boluarte lleva más de un mes sin paradero conocido tras recibir una orden de prisión preventiva en su contra.
Adrianzén explicó que las autoridades no incluyen nombres en esta lista de manera arbitraria. Sino que se basan en criterios establecidos por las políticas del Ministerio del Interior. “No personalizamos esta labor; tomamos las decisiones bajo un marco general que involucra a todas las personas en condiciones similares”, señaló el premier.
El programa estatal de recompensas, del cual forma parte la lista de los más buscados, incentiva a la ciudadanía a colaborar en la captura de prófugos de la justicia. Sin embargo, la exclusión de Boluarte generó críticas debido a una aparente falta de imparcialidad en su aplicación.
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Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, enfrenta una orden de prisión preventiva de 36 meses dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho. Las autoridades lo acusan de integrar la red criminal ‘Los Waykis en la Sombra’. Y no han logrado ubicarlo desde la audiencia virtual en la que se le impuso la medida.
La falta de avances en la captura de Boluarte resalta las limitaciones del sistema de búsqueda y detención de prófugos. Los críticos acusan al gobierno de no utilizar todos los recursos disponibles, perpetuando así la percepción de impunidad en casos relacionados con figuras públicas o de alto perfil.
El caso «Los Waykis en la Sombra» centró la atención pública no solo en el hermano de la presidenta. Sino también en los mecanismos institucionales para combatir el crimen organizado. El debate sobre incluir o no a Boluarte en la lista de los más buscados se transformó en un tema de interés político y ciudadano.
Mientras tanto, la defensa de Boluarte presentó una apelación, y las autoridades revisarán el recurso esta semana. El desenlace de este caso no solo definirá su situación legal, sino también el impacto que tendrá en la credibilidad del gobierno y de las instituciones encargadas de garantizar la justicia en el país.
