El escándalo sobre la supuesta red de prostitución en el Congreso suma un nuevo episodio. Esto luego de que la Municipalidad de Magdalena desmintiera la denuncia de Isabel Cajo Salvador, testigo en el caso, quien denunció que le robaron el celular en circunstancias sospechosas. Las cámaras de seguridad mostraron que el incidente no ocurrió como ella aseguró. Esto genera dudas sobre su relato en un caso que involucra a altos funcionarios parlamentarios.
Cajo Salvador reportó el presunto robo como un incidente ocurrido el pasado 27 de diciembre. Sin embargo, tras analizar las imágenes de videovigilancia, el municipio descartó que se produjera un asalto en el cruce de los jirones Castilla y Comandante Espinar. Este desenlace incrementa las sospechas en las investigaciones relacionadas con el asesinato de Andrea Vidal, considerada una pieza clave en la red de explotación sexual.
Jorge Torres Saravia, conocido como ‘Coqui’, enfrenta acusaciones por supuestamente organizar reuniones privadas con trabajadoras del Parlamento y altos funcionarios. Según el semanario “Hildebrandt en sus Trece”, Torres alquilaba departamentos para estos encuentros, donde se intercambiaban favores sexuales por apoyo político. Este esquema ha sacudido los cimientos del Congreso.
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El supuesto robo del celular de Cajo Salvador adquiere importancia, ya que el dispositivo podría contener información crucial para esclarecer los vínculos entre Torres Saravia y las jóvenes implicadas en esta red. Legisladores como Flavio Cruz, de Perú Libre, han cuestionado la denuncia de Cajo y demandan investigaciones exhaustivas, señalando que el caso presenta demasiadas inconsistencias.
La Municipalidad de Magdalena entregó a las autoridades las imágenes captadas por sus cámaras de seguridad. Estas muestran a Cajo paseando tranquilamente junto a su mascota, sin evidencias de robo. Estas imágenes refuerzan la hipótesis de que la denuncia podría haber sido manipulada por Cajo.
El entorno laboral de Isabel Cajo también genera sospechas. Después de vender contenido en la plataforma OnlyFans, comenzó a trabajar en el Congreso en 2024. Y poco después fue contratada por Torres Saravia en su oficina legal. Estos antecedentes aumentan las dudas sobre cómo se establecieron los vínculos en la supuesta red de explotación sexual.
Las inconsistencias en la denuncia del robo y las revelaciones sobre las reuniones privadas lideradas por Torres Saravia exigen una investigación profunda para determinar responsabilidades. En un contexto político ya debilitado, este escándalo amenaza con erosionar aún más la credibilidad del Congreso y pone en tela de juicio la ética de sus funcionarios.
