El 2 de enero de 2025, Luis Arroyo celebraba el cumpleaños de su hija de 9 años, aunque el ambiente en su hogar, en el sur de Guayaquil, estaba marcado por el dolor y la tristeza. Aún sin superar la desaparición de sus hijos, Ismael (15) y Josué (14), quienes fueron asesinados a manos del Ejército, Luis se esfuerza por mantener la normalidad para su familia. «Me arrebataron a mis hijos de la peor forma», señala, enfrentando una realidad indescriptible.
El 8 de diciembre, Luis fue testigo de cómo sus hijos salieron a jugar fútbol y no regresaron. A las diez y cuarenta de la noche, una llamada lo alertó de que los menores habían sido detenidos por militares en un operativo. Ismael logró comunicarse con su padre y le pidió ayuda desesperadamente: «Papi, ven, sálvame». Sin embargo, su padre no pudo hacer nada para impedir lo que sucedió después, pues los militares se llevaron a los niños, y la comunicación se cortó abruptamente.
Las horas pasaron sin saber nada más de ellos, hasta que, días antes de la Nochebuena, Luis se enteró por las redes sociales de que cuatro cuerpos incinerados habían sido encontrados cerca de una base militar. El 31 de diciembre, durante una audiencia judicial, Luis y su familia recibieron la confirmación de que esos cuerpos eran los de sus hijos. El dolor fue insoportable, especialmente para su esposa, quien casi no pudo soportar la noticia.
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El proceso de identificación de los cadáveres fue aterrador. Luis relató que, al ver los restos de Ismael y Josué, solo pudo reconocerlos por sus pies y algunos detalles como callos y juanetes. La brutalidad de lo sucedido dejó a la familia en shock, sin saber con certeza las causas de la muerte de sus hijos. Exigen una exhumación para esclarecer los detalles y buscar justicia. Pero el vacío dejado por la desaparición de los menores es indescriptible.
Luis destaca que, más allá de la violencia, los niños eran inocentes, y no estaban involucrados en ningún delito, como sugirió el Ministerio de Defensa. «Mis hijos no eran delincuentes», afirma con indignación, acusando al gobierno de Daniel Noboa de utilizar una estrategia de seguridad fallida, que ha dejado a familias como la suya destrozadas. La presencia de militares en las calles, lejos de garantizar protección, ha sembrado el terror.
El caso de los «4 de Guayaquil» no solo refleja una tragedia familiar, sino una crisis de confianza en las instituciones de seguridad. Luis acusa al gobierno de no proteger a su familia ni brindarles la ayuda necesaria para encontrar justicia. El presidente Noboa, que inicialmente había declarado a los militares como héroes, ha guardado silencio, dejando a las víctimas a su suerte.
